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La Iglesia católica criticó severamente la política migratoria del gobierno a raíz de la reforma el año pasado de la Ley de Migraciones que centralmente aumentó los controles para el ingreso y la permanencia porque genera el “rechazo infundado y arbitrario hacia las personas migrantes en la frontera”, así como la “incertidumbre en los procesos de regularización” y el “temor constante a la expulsión”.

En una declaración difundida por la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes tras un Encuentro Nacional de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes realizado en Luján, se afirma además que “los supuestos operativos de control migratorio (,,,) parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un estado garante de derechos”.

En mayo del año pasado el gobierno modificó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia no solo la Ley de Migraciones, sino también la Ley de Ciudadanía estableciendo junto con mayores controles para el ingreso y la permanencia de extranjeros, requisitos más estrictos respecto de los antecedentes penales.

Los cambios –que generaron polémica porque fueron hechos mediante un DNU y no de modificaciones en las leyes a través del Congreso- incluyen la exigencia de un seguro de salud o un pago previo, la posibilidad de que las universidades públicas les cobren aranceles y cambios en la ciudadanía por naturalización.

La declaración de la Iglesia dice que “en estos tiempos, marcados por una realidad cada vez más compleja, el acceso a un trabajo digno se vuelve difícil de alcanzar para las grandes mayorías. A ello se suma la creciente dificultad de acceder a un servicio de salud de calidad para las familias, situación que resulta aún más desesperante para las personas con discapacidad”.

“Esta dura realidad de la población se complejiza aún más en el caso de las personas migrantes. A partir de los cambios en la legislación, muchos de ellos enfrentan una situación de vulnerabilidad generada por los cambios en la normativa migratoria (Decreto 366/2025)”, señala.

En ese sentido, dice que “la incertidumbre en los procesos de regularización y el cambio de categorías generan un temor constante a la expulsión, obstaculizando el acceso a derechos fundamentales como el documento de identidad, la salud, la educación y el trabajo digno”.

“Nos preocupa el aumento del rechazo infundado y arbitrario hacia las personas migrantes en la frontera, también los supuestos operativos de control migratorio, que parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un estado garante de derechos”, advierte.

Por otra parte, dice que observa “un desplazamiento de personas que se trasladan a la zona de explotación de hidrocarburo no convencional, así como en la búsqueda de trabajo en el sector portuario; con la ilusión de un empleo rápido, se encuentran con un escenario hostil y muchas veces expuestos a abusos de todo tipo.

“Esto nos urge a redoblar esfuerzos en el acompañamiento con cercanía, orientación clara y una profunda responsabilidad pastoral”, afirma. Y añade: “Ante esta dura realidad, asumimos el compromiso de seguir caminando juntos en la construcción de planes para la atención pastoral de las familias migrantes”.

En el tramo final subraya: ““Soñamos y trabajamos para que nuestras comunidades no sean lugares de acogida asistencial, sino espacios integrales que protejan la dignidad humana y fomenten la ‘cultura del encuentro’ frente a la del descarte”.

“Esto implica reconocer al migrante no como una carga, sino como una persona con dones que enriquece a la comunidad.”, die y señala que “nuestra misión es trabajar para garantizar sus derechos, su identidad y su participación activa, propiciando espacios donde pueda celebrar su fe”.

“Los migrantes y refugiados pueden convertirse hoy en misioneros de esperanza” concluyen citando el mensaje del Papa León XIV para la 111ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.

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Crédito de la fuente original: www.clarin.com