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A poco más de un año de las elecciones presidenciales del 2027, la Cámara Nacional Electoral le pidió al Congreso de la Nación que debata “con anticipación suficiente al inicio de un proceso” las eventuales reformas que están presentadas para que haya previsibilidad en su organización.

El tribunal señaló que “alterar la estabilidad del orden legal durante un mismo proceso electoral puede producir más daños que beneficios” y sostuvo que el plazo ideal para hacer modificaciones es entre seis y tres meses antes de la elección.

Así lo sostuvieron en un acordada extraordinaria los jueces de la Cámara Electoral, Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, que enviaron al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo y a la que accedió Clarín.

El motivo de la nota es que en el Congreso hay varios proyectos de ley para reformar distintos aspectos de la ley electoral. Uno de ellos impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei para derogar las las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos.

La justicia electoral es la encargada, junto con distintos organismos del Poder Ejecutivo, de organizar y llevar adelante una elección nacional. Lo hace a través de los juzgados electorales de cada provincia y de la Cámara. Entre otros temas, aprueba los padrones, las alianzas de los partidos políticos, las boletas y las candidaturas, además de hacer el escrutinio definitivo que proclama a los postulantes electos. Todo eso está previsto en leyes.

En ese contexto, una elección requiere una preparación y si hay cambios al sistema vigente se necesita tiempo para el nuevo sistema. Ese fue el mensaje que la Cámara le hizo saber al Congreso.

“Dicho criterio se alinea con los estándares internacionales sobre integridad electoral, que subrayan la estabilidad del marco legal y la preclusión de instancias de reformas con anticipación suficiente al inicio de un proceso electoral, como garantías fundamentales para la certeza, la igualdad de condiciones entre contendientes y la confianza en la justicia y administración electoral.“, sostuvieron los camaristas en su acordada extraordinaria 55.

Citando organismos internacionales, la Cámara señaló que “el plazo idóneo para introducir cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso, para otorgar un tiempo razonable y suficiente” y que los elementos centrales del derecho electoral “no deberían ser modificables menos de un año antes de una elección”.

Los jueces pusieron como ejemplo lo que ocurrió con suspensión de las PASO de las elecciones legislativas del 2025. Entonces las internas correspondían a cada partido pero de las 626 que participaron de esos comicios solo una alianza hizo elecciones.

El mensaje de la Cámara llega cuando el gobierno de Milei impulsa una serie de cambios para los comicios 2027. El principal es derogar las PASO. Pero no hay acuerdo con la oposición que sí quiere las internas para elegir sus candidatos. En esa disputa, una opción que se debate es que haya internas pero no sean obligatorias.

Para las elecciones presidenciales se votará con boleta única de papel, el mismo mecanismo que ya se implementó en 2025. Pero es un sistema que deberá convivir con la tradicional boleta de papel que se aplica en las elecciones provinciales. Allí aparece otra incógnita: si los gobernadores desdoblan sus elecciones y la separan de la nacional.

Los jueces de la Cámara señalaron que una elección tiene un cronograma “plazos perentorios e improrrogables”. El tribunal también recordó que sus lineamientos fueron las conclusiones a las que llegaron jueces, dirigentes políticos y especialistas nacionales e internacionales durante un seminario que se realizó en marzo pasado en la Cámara con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Por otra parte, la Cámara aclaró que esta postura no es una opinión sobre las reformas electorales que se analizan en el Congreso.

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