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En 1737, el Parlamento de Irlanda votó una ley que hoy parece un trámite menor, pero en su momento fue una revolución. Ordenó que los tribunales del país dejaran de funcionar en latín y en una variante del francés normando que casi nadie entendía fuera del propio gremio de abogados. El texto explica el motivo con una franqueza que sorprende hoy porque existían, dice la ley, grandes perjuicios porque los citados y demandados no tenían noticia ni entendimiento de lo que se alegaba a favor o en contra en los escritos de sus propios abogados, redactados además en una letra que solo entendían quienes ejercían el derecho.

Hasta entonces, un hombre acusado de un delito escuchaba su propio juicio en una lengua ajena y leía, si podía leer algo, una caligrafía cerrada al resto del mundo. Entre el litigante y esa lengua se interponía, entre otros oficios, el abogado. La ley irlandesa seguía de cerca una ley británica un poco anterior, de 1730, que impuso la misma obligación unos años antes en los tribunales de Inglaterra.

Ese episodio describe el problema que la abogacía enfrenta de nuevo, casi 300 años después, aunque esta vez la lengua incomprensible no es el latín sino la propia complejidad del derecho. Durante siglos, entender un contrato, una demanda o un expediente regulatorio exigió un intérprete profesional. La inteligencia artificial (IA) cumple esa función de traducción para cualquier persona con una conexión a internet, y lo hace rápido, barato y con un conocimiento acumulado de leyes y sentencias que ningún abogado individual iguala.



El fenómeno ya empezó a entrar directamente en los estudios jurídicos. En Argentina, uno de los principales estudios de abogados lanzó un agente virtual basado en IA generativa para simplificar y difundir información jurídica. Y afuera, el salto es todavía mayor: Claude ya incorporó herramientas especializadas para abogados, un movimiento que incluso golpeó en Bolsa a compañías tradicionales de información legal como Thomson Reuters.

Ese cambio tiene dos consecuencias. La más evidente es que una persona puede, bajo determinadas condiciones, defenderse sola ante un tribunal, sin abogado, en un juicio civil o penal. Este no es un derecho nuevo, y en Estados Unidos existe desde antes de que naciera el país. Pero no es absoluto porque la renuncia al abogado debe ser voluntaria y consciente, y un juez puede negarla si la persona no está en condiciones reales de sostener su propia defensa. Lo que cambia de verdad con la IA es la posibilidad práctica de ejercer ese derecho, porque hasta ayer nadie sin formación jurídica podía entender lo que estaba firmando.

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La consecuencia que se pasa por alto es distinta y problemática para la industria legal. Una sociedad comercial, a diferencia de una persona, no puede representarse a sí misma ante un tribunal en casi ningún estado de Estados Unidos, esta necesita un abogado matriculado que firme y hable en su nombre. Es una doctrina antigua y sólida, sostenida por las cortes de California, Texas y Nueva York con el mismo argumento desde hace décadas, una sociedad es una persona artificial y solo puede expresarse a través de un letrado. Ninguna mejora en un modelo de lenguaje elimina esa barrera, porque no es cognitiva sino normativa.



Pero incluso esa frontera empieza a plantear preguntas nuevas. En Argentina, el proyecto de nueva Ley General de Sociedades llegó a proponer una figura inédita: sociedades automatizadas que podrían funcionar mediante algoritmos e inteligencia artificial, aunque manteniendo responsabilidades humanas sobre el diseño, control y supervisión de esos sistemas.

Ahí está el hueco por donde entra el negocio real. La mayor parte de lo que factura hoy un estudio de abogados grande no es por litigar ante un juez, sino por redactar contratos, estructurar operaciones, negociar términos o revisar documentos para una compra de empresa. Nada de eso exige por ley la mano de un abogado matriculado. Y el sector legal aparece precisamente entre los más expuestos al avance de la automatización.

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La evidencia sobre el mercado laboral empieza a mostrar esa diferencia entre sustituir profesiones completas y automatizar partes concretas del trabajo. Un informe de Goldman Sachs analizado por El Economista ubicó a los asistentes legales y procesadores de documentos entre los puestos con mayor exposición al reemplazo por IA. La transformación, por ahora, parece concentrarse especialmente en tareas repetitivas, administrativas y de procesamiento.



Y esa parte empezó a mostrar señales concretas, aunque todavía parciales. Clifford Chance recortó cerca de 50 puestos de soporte administrativo en Londres, el 10% de esa área, citando la mayor adopción de IA. Baker McKenzie estima en 600 a 1.000 los puestos de soporte que reduciría en todo el mundo por el mismo motivo. En ambos casos se trata de personal administrativo, no de abogados sustituidos en su trabajo intelectual. Y hay un dato: la misma Clifford Chance anunció resultados financieros récord, promovió 28 abogados a socios este año y sumó otros 25 socios laterales. La ruina, si llega, todavía no se puede mostrar como un hecho consumado; por ahora es una tenencia, no una fotografía.

Es una distinción importante porque la IA no está afectando a todos los empleos de la misma manera. En muchos sectores está absorbiendo las tareas más sencillas y repetitivas mientras desplaza el valor humano hacia el juicio, la relación con clientes, la creatividad y la toma de decisiones.

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Si buena parte de ese trabajo intelectual termina automatizado, cuesta encontrar una razón estructural para que una firma necesite 200 personas allí donde unas pocas matrículas, apoyadas por IA, basten para cumplir las funciones que la ley todavía reserva a humanos. El edificio caro, construido en buena parte para transmitir una imagen de solidez, tiene cada vez menos motivo de existir. La firma, en el sentido literal de la palabra, no.



Es parte de una discusión mucho más amplia sobre qué trabajos pueden desaparecer y cuáles pueden beneficiarse con la inteligencia artificial. La tecnología no necesita eliminar una profesión completa para modificar radicalmente su estructura económica: alcanza con automatizar una proporción suficientemente grande de las tareas que justificaban determinada cantidad de empleados.

El resultado, si esa trayectoria se sostiene, no sería la desaparición del estudio de abogados sino su ruina, en el sentido más antiguo del término. Una estructura que sigue en pie, con su nombre, su matrícula y su letra pequeña, pero vaciada de la función que solía cumplir. El Partenón sigue de pie en Atenas, pero nadie reza ahí adentro desde hace 1.500 años.



Hay un segundo frente donde la misma lógica avanza más rápido todavía, y es el arbitraje. Las empresas grandes prefieren resolver sus disputas comerciales fuera de los tribunales públicos desde hace décadas, mediante cláusulas de arbitraje que designan a un árbitro privado en lugar de un juez y un jurado. Lo hacen sobre todo por control del tiempo, costo y hasta cierto punto del resultado, lejos de la imprevisibilidad de un juicio público. El arbitraje nunca fue un derecho constitucional, sino una criatura contractual, algo que dos partes crean con su firma y pueden diseñar casi como quieran, dentro de los límites que las propias leyes de arbitraje y las reglas de orden público imponen para que ese acuerdo después se pueda hacer cumplir.

Esa diferencia lo vuelve el terreno más permeable de los dos. La Asociación Americana de Arbitraje puso en marcha, el 3 de noviembre de 2025, un árbitro basado en IA para disputas de construcción que se resuelven solo con documentos, sin testigos. El sistema analiza los reclamos, la evidencia y la ley aplicable, y redacta un fallo que hoy todavía revisa y firma un árbitro humano antes de emitirlo. La propia institución proyectó reducciones de costo de entre el 30% y el 50% frente al arbitraje tradicional. La institución ya anunció que planea extenderlo a disputas de seguros y a reclamos de mayor cuantía.

La lógica es la misma que ya aparece en otras actividades profesionales: agentes de IA capaces de ejecutar tareas de manera autónoma y trabajar durante las 24 horas. El salto ya no consiste solamente en pedirle a un chatbot que escriba un texto, sino en delegarle partes completas de un proceso.



En abril de este año un tribunal de Quebec anuló un laudo porque el árbitro delegó el razonamiento entero en una IA que inventó citas legales inexistentes. El fallo no prohibió el uso de IA en el arbitraje, pero se decidió que no puede decidir sola, todavía. Y todavía es la palabra exacta.

El problema de las llamadas “alucinaciones” es justamente una de las razones por las que el avance de la inteligencia artificial también está generando nuevas exigencias de supervisión y gobernanza. Cuanto mayor es la autonomía que se entrega a un sistema, mayor pasa a ser la discusión sobre quién controla, audita y responde por sus decisiones.

En los tribunales, el freno es una barrera normativa que solo mueven estatutos, reglas procesales y doctrina acumulada. En el arbitraje, la limitante es una cláusula de consentimiento entre dos partes, algo que no necesita un cambio legislativo porque alcanza con que ambas partes decidan confiar en el mismo sistema, dentro de los límites que la ley todavía exige. Es una barrera más baja, y se cruza rápido cuando el ahorro del otro lado es lo bastante grande.



Ese problema excede al derecho. La posibilidad de que algoritmos tomen decisiones tradicionalmente reservadas a personas ya abrió debates sobre responsabilidad, trazabilidad y control humano en las empresas automatizadas.

Al final de esta tendencia, seguirá haciendo falta una firma, pero no la de un abogado que argumenta ante un jurado, o la de un árbitro que pesa la prueba durante semanas. Si cae la última barrera humana que hoy todavía conserva el arbitraje asistido por IA, la firma que sobreviva será la más pequeña de todas, es decir, la de dos partes que acepten, por escrito, dejar que decida una máquina.

Y ahí está, quizás, el cambio de fondo: la inteligencia artificial no necesita hacer desaparecer una profesión para transformarla. Puede conservar la matrícula, el nombre del estudio y hasta el socio que firma mientras automatiza buena parte de la estructura que había debajo.



Las cosas como son.

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Crédito de la fuente original: eleconomista.com.ar