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La disputa entre el oficialismo y la oposición en Córdoba se agita cada vez más y ahora se profundizó por la decisión del Gobierno de Martín Llaryora de denunciar a los vocales del tribunal de cuentas que responden a Luis Juez y se niegan a aprobar la compra de drones para seguridad.

El senador cordobés lanzó en las últimas horas duras críticas al mandatario provincial y lo comparó con el legendario gobernador formoseño Gildo Insfrán.

“El gobierno de ‘Gildo’ Llaryora envía a su ministro de ‘Inseguridad’ a denunciar a los vocales del Tribunal de Cuentas porque le rechazaron un negociado, disfrazado de licitación para la adquisición de drones. Vieron que tenía razón: el problema no son los DRONES, sino los LA-DRONES”, escribió Juez al cuestionar al gobernador cordobés.

El duro posteo del dirigente opositor en la provincia responde a que en las últimas horas el Ministerio de Seguridad que conduce Juan Pablo Quinteros denunció a Beltrán Corvalán (presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia) y a María Fernanda Leiva por haber incurrido en los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El gobierno de Gildo Llaryora envía a su ministro de ‘Inseguridad’ a denunciar a los vocales del Tribunal de Cuentas porque le rechazaron un negociado, disfrazado de licitación para la adquisición de drones. Vieron que tenía razón: el problema no son los DRONES, sino los… pic.twitter.com/xNqKfxVPDn

— Luis Juez (@ljuez) January 30, 2026

El titular de la cartera de seguridad argumenta que los vocales se excedieron en sus facultades al cuestionar decisiones de políticas públicas como son la compra de drones. De hecho, Quinteros deslizó que esa postura de los vocales responde a una orden de Juez para tensar todavía más la discusión política en la provincia.

La disputa se generó y escaló en el marco de la iniciativa del Gobierno cordobés de comprar un Sistema Integral de Vehículos Aéreos no Tripulados (Svant) para la policía provincial. Se trata de inversión que ronda los 6,8 millones de dólares.

Los vocales que responden a Juez argumentaron su oposición señalando que el formato de la licitación benefició a una empresa en particular. La respuesta del Gobierno de Llaryora fue que ese tipo de licitación, que se conoce como “de renglón único”, se hizo debido a normativas técnicas aeronáuticas. Advierten que, según Anac, realizar la compra por separado de los drones y el software podría afectar la seguridad operacional de los equipos.

El ministro de Seguridad cuestionado por Juez fue el encargado de salir al cruce de las críticas del senador y comenzó un extenso descargo en X señalando que “la licitación de tecnología de punta responde a una decisión estratégica de fortalecimiento del sistema de seguridad pública, orientada a dotar al Estado, a través de una división especial de la Policía de Córdoba, de capacidades modernas de vigilancia aérea, prevención y apoyo operativo, conforme a los estándares técnicos y normativos vigentes”.

“Rechazamos de manera categórica cualquier intento de instalar sospechas de ‘fraude’, ‘negociado’, ‘corrupción’, ‘saco a medida’ o ‘sobreprecios’. El procedimiento fue una LICITACIÓN PÚBLICA, trazable, con dictámenes técnicos y jurídicos, precios de referencia y controles administrativos. No hay irregularidades, hay una decisión fundada y transparente”, destacó Quinteros al responder a las críticas de Juez.

La licitación de tecnología de punta responde a una decisión estratégica de fortalecimiento del sistema de seguridad pública, orientada a dotar al Estado, a través de una división especial de la Policía de Córdoba, de capacidades modernas de vigilancia aérea, prevención y apoyo… pic.twitter.com/EonK4bomQS

— Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) January 31, 2026

El funcionario justificó la denuncia a los vocales del TCP argumentado la necesidad de que “se investigue si existió abuso de funciones, apartamiento del marco legal y utilización política de un órgano de control”.

Y apuntó directamente contra Juez: “También repudiamos los dichos desacreditantes y ofensivos del senador Juez, que no sólo faltan a la verdad, sino que descalifican instituciones y personas sin pruebas y solamente apelando, una vez más, al insulto y la injuria. Frente a esas expresiones, los propios vocales del Tribunal de Cuentas han salido a explicar técnicamente su actuación, dejando en evidencia la inconsistencia y liviandad de esas acusaciones y un desconocimiento de las leyes que están obligados a cumplir”.

“En definitiva, acá no hay improvisación ni oscuridad, lo que hay una política pública clara, una compra necesaria, un procedimiento legal, controles en funcionamiento y una decisión firme de defender la transparencia sin permitir operaciones políticas ni campañas de difamación”, agregó el ministro de Seguridad cordobés, y agregó que insistirán en su objetivo de adquirir los drones.

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