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El juez federal Daniel Rafecas ordenó que se haga pública toda la información reservada y confidencial de inteligencia de la causa por el atentado a la AMIA y le solicitó a la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Manuel Adorni, una serie de medidas para avanzar hacia esa publicidad.

“Este tribunal entiende que corresponde reconocer el carácter público de los informes cuya divulgación se solicita y establecer su difusión”, señaló el juez en una resolución a la que accedió Clarín. Allí explicó que en 2020 se dispuso la desclasificación de documentos de inteligencia pero que esa medida no implicaba su difusión pública.

El magistrado tuvo a fines de marzo una audiencia con todas las partes de la causa por el atentado a la AMIA y allí las querellas que representan a las víctimas pidieron avanzar en la publicidad de la documentación, entre ellas cuatro informes de la Unidad Fiscal AMIA.

La sede de la AMIA fue víctima de un atentado terrorista el 18 de julio de 1994 en el que fallecieron 84 personas y 300 resultaron heridas. La justicia argentina encontró responsables a una decena de iraníes, entre ellos actuales y ex funcionarios de ese gobierno, y ordenó su captura nacional e internacional. El fiscal federal Sebastián Basso acusó hace un mes a un nuevo imputado para quien pidió su indagatoria y detención.

En paralelo, y ante el incumplimiento de las órdenes de detención, en la justicia avanza el juicio en ausencia para los acusados, lo que fue solicitado por el fiscal Basso en base a una ley aprobada por el Congreso de la Nación el año pasado, lo que ordenó el juez Rafecas.

El decreto 213/2020, de Alberto Fernández, dispuso que la información de inteligencia desclasificada y otra documentación del caso que tenía carácter confidencial o reservado ahora era pública. Sin embargo, que sea pública no significó que pueda dar a conocer.

“La información clasificada como pública no necesariamente puede trascender del ámbito estatal sin una decisión de la autoridad competente. Dicho de otro modo: dejar de ser secreta no equivale, por sí solo, a ser divulgada“, explicó el juez Rafecas en su resolución.

Las querellas reclamaron que ante la importancia de la información que allí hay era necesario que se pueda difundir. El magistrado señaló que el propio decreto fijó una mesa de diálogo interinstitucional para definir en ese ámbito cómo se iban a dar a publicidad los documentos.

“La mesa de diálogo no ha funcionado de manera regular ni ha establecido criterios generales, parámetros claros ni cronogramas de trabajo que permitan aplicar de forma efectiva el régimen previsto. En los hechos, esto ha generado una situación de incertidumbre en la que, pese a la desclasificación formal, el acceso a la documentación sigue restringido y sin resolverse la forma de su difusión”, enmarcó Rafecas.

Así, para el juez “no resulta razonable ni jurídicamente admisible continuar postergando indefinidamente la publicidad de la información”. “El tiempo transcurrido y la relevancia institucional de los hechos investigados refuerzan la necesidad de adoptar una decisión que permita avanzar hacia una mayor transparencia y apertura de la información. En este contexto, este tribunal entiende que corresponde reconocer el carácter público de los informes cuya divulgación se solicita y establecer su difusión, aun cuando el mecanismo previsto originalmente no lo haya implementado”, resolvió el juez.

Pero la publicidad no será inmediata. Antes, Rafecas le pidió al fiscal Basso, que en 10 días opine si la publicidad de los cuatro informes que presentó podría afectar la investigación o las medidas en curso, entre ellas las ordenes de detención con alerta roja de Interpol para los 10 acusados de la causa.

El juez también le solicitó a la SIDE que en 15 días revise toda la documentación e “identifique y teste aquellos pasajes puntuales cuya divulgación pudiera encontrarse alcanzada por las limitaciones previstas en el Decreto 213/2020”, que son la identidad de agentes de inteligencia del extranjero.

Y por último le solicitó a la jefatura de Gabinete de Adorni que dentro del plazo 60 días informe “las medidas adoptadas o a adoptarse para la implementación de los mecanismos de acceso y publicidad de la documentación desclasificada, así como el cronograma de trabajo previsto a tales efectos”.

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Crédito de la fuente original: www.clarin.com