El feudo cornejista copa el Tribunal de Cuentas de la Provincia

La Constitución Provincial de 1916 establece en su artículo 181 que: “Habrá un Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la Provincia y con poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia”.
Según su página oficial, el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la Provincia tiene, como visión, el “control de la actividad financiera-patrimonial del Estado Provincial y Municipal, para asegurar su transparencia y prevenir actos de corrupción”.
Hablando en criollo, el Tribunal de Cuentas controla en qué y cómo se gastan los fondos públicos. Ni más ni menos.
En sus dos mandatos, el gobernador Alfredo Cornejo ha observado ese organismo como un punto fundamental para construir su poder hegemónico. Y es que tener en ese lugar a funcionarios “de su confianza” lo deja más tranquilo.
Esta semana, y ante la renuncia del vocal Ricardo Pettignano, Cornejo propuso a una funcionaria de su riñón: Andrea Molina, la actual titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). Molina había llegado a la presidencia del ente regulador en 2019, también propuesta por Cornejo apenas tres meses después de asumir en el directorio. Antes, había sido subsecretaria de Hacienda de la Provincia y, antes, había sido jefa de Gabinete del área, todo con Alfredo como jefe formal y político. No es menor otro dato: es la ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi, con quien tienen una hija en común.
De pasar el filtro del Senado, cosa que se descarta teniendo en cuenta la ya denunciada y evidente suma del poder público por parte del cornejismo en Mendoza, la mayoría radical en el organismo de contralor sería absoluta.
El actual presidente, Néstor Parés, fue diputado provincial por el radicalismo y fue propuesto (sí, adivinó) por el gobernador Alfredo Cornejo después de militar consecuentemente en las huestes del sancarlino.
Entre los vocales, hay otros dos radicales: Marta Liliana Muñoz de Lázzaro, que asumió en febrero de 2017, luego de ser propuesta por -otra vez- Cornejo. Muñoz de Lázzaro acompaña al gobernador desde 2007, durante su intendencia en Godoy Cruz. Luego, ya con Cornejo como primer mandatario provincial, Muñoz fue subsecretaria de Administración y Control del Ministerio de Salud hasta que asumió en el HTC.
Gustavo Aníbal Riera Martínez también fue propuesto por Cornejo, el año pasado. Riera ingresó a la función pública en 2003, durante el gobierno del también radical Roberto Iglesias, como asesor letrado en el Ministerio de Hacienda. En 2007, con Julio Cobos al frente de la Provincia, fue director de Asuntos Legales de la misma cartera. En 2024 fue propuesto, pasó el filtro y es vocal del Tribunal.
El único vocal del HTC de la provincia no radical es Héctor David Caputto, quien en 2012 fue propuesto por el entonces gobernador Francisco Pérez.
Los organismos de control competentes son esenciales para el funcionamiento de la democracia. Si ellos faltan, no hay garantías de empoderamiento del ciudadano, ni de saber cómo se ejerce el poder, ni de que rindan cuentas por sus actos quienes deben hacerlo. El control permite prevenir la corrupción o, al menos, castigarla para que no se repita. Los cargos de los integrantes del HTC son vitalicios.
En Mendoza, uno de esos organismos, el Tribunal de Cuentas pasará a ser, en breve, un ente dominado de manera casi absoluta por funcionarios cuasi militantes del titular del Poder Ejecutivo, uno de los ámbitos que deberían controlar. A buen entendedor…