El nuevo estatuto del empleado público cornejista, un atentado a los derechos laborales
En tiempo récord, como suele suceder con los proyectos que le interesan al gobernador Alfredo Cornejo, la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a la modificación del estatuto del empleado público. En apenas una semana el proyecto fue presentado, evaluado y aprobado. Una muestra clara de la celeridad con la que el oficialismo actúa cuando se trata de atacar derechos laborales.
El corazón de la reforma es un golpe directo a la estabilidad consagrada en la Constitución provincial. Se crea una nueva “planta interina” despojada de estabilidad, reservando este derecho únicamente para quienes ingresaron por concurso. El cinismo es total: los mismos gobiernos que bloquearon durante años la apertura de concursos ahora utilizan esa excusa para avanzar en la precarización. Con este mecanismo, Cornejo se asegura la posibilidad de despedir médicos, enfermeros, profesionales de la salud y otros trabajadores estatales con indemnizaciones reducidas y sin derecho a reincorporación.
El objetivo real es poner bajo sospecha a quienes lograron el pase a planta después de años de lucha, como ocurrió en 2015 al final del gobierno de Paco Pérez. No son “acomodados”, como dice la propaganda oficial, sino trabajadoras y trabajadores que conquistaron la estabilidad enfrentando a la patronal estatal. La creación de una categoría intermedia entre contratados y planta permanente no solo cuestiona esas conquistas: también levanta una nueva barrera para quienes buscan estabilidad laboral.
Las declaraciones de Cornejo lo confirman. Dijo que la estabilidad se estableció “para evitar despidos masivos con cada cambio de gobierno”. Está anunciando que pretende abrirle la puerta a una ola de despidos, y no solo en la administración provincial: de aprobarse, los intendentes también tendrían vía libre para replicar esta avanzada en sus municipios.
Este ataque se combina con la reforma de los convenios colectivos, tanto de profesionales como de no profesionales de la salud. El rumbo es el mismo: despidos más fáciles, salarios atados a una falsa “productividad” y mayor poder para el Ejecutivo. Los ítems de productividad, que podrían llegar al 50% del sueldo, son un chantaje: en salud “producir” más significa atender peor, con menos tiempo y recursos. Los responsables de la crisis no son los trabajadores sino el gobierno, que recorta presupuesto y vacía hospitales.
Peor aún, los nuevos convenios habilitan despidos con una simple suspensión de un superior, sin derecho a defensa. Esto allana el terreno para el cierre de servicios, el vaciamiento hospitalario y la privatización encubierta del sistema de salud.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno y resistida por los gremios y la oposición, fue aprobada por 27 votos afirmativos contra 18 negativos. El radicalismo, que tiene mayoría, obtuvo el apoyo de otros bloques afines.
Precisamente, la Unión Cívica Radical (UCR) aportó 20 votos -Evelyn Pérez se ausentó por motivos de salud- y llegó a las 27 adhesiones a través de Mauricio Torres (Hacer por Mendoza); Gabriel Vilche y Sol Salinas (Bloque Unión Pro); Mauricio Giambastiani (Mejor Mendoza); Guillermo Mosso y Enrique Thomas (PRO Libertad); y Gustavo Cairo (La Libertad Avanza).
“Lamentablemente este proyecto va a salir, pero es un proyecto que no se ha podido mejorar en absolutamente nada, atenta contra la estabilidad laboral, contra los principios fundamentales en materia laboral que rozan la inconstitucionalidad, atenta contra la estabilidad, contra la profesionalidad, contra la el modelo del concurso de antecedentes para acceder a los cargos públicos a ser un servidor público”, explicó Germán Gómez, presidente del bloque peronista.
