El IPV y la regla no escrita: ¿Viviendas sociales para el círculo de poder?
Una nueva polémica sacude la política de vivienda social en San Rafael y pone bajo la lupa al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dependiente del Ejecutivo provincial. A la controversia ya instalada por la adjudicación de una casa a la Directora Ejecutiva del hospital Schestakow, Gabriela Funes, ahora se sumaría un segundo caso: la Jefa del Vacunatorio Central del mismo hospital, Gladys Marín, habría sido también beneficiada con una vivienda o crédito del organismo.
Esta sucesión de hechos, que se enmarcan en un programa habitacional para personal de salud, genera una pregunta incómoda: ¿Las políticas de vivienda social en la provincia están sirviendo realmente para achicar el déficit habitacional de la población más vulnerable, o se han convertido en un mecanismo de beneficio para el círculo cercano al poder político?
El núcleo de la crítica radica en la percepción de que la balanza siempre se inclina hacia el mismo lado. Mientras miles de mendocinos esperan durante años en el registro del IPV, funcionarias de alto perfil del mismo hospital, nombradas por el Ejecutivo, recibirían este beneficio casi en simultáneo.
Lo que agrava la controversia es la cercanía política de ambas beneficiarias con la vicegobernadora, la sanrafaelina Hebe Casado, cuya propia trayectoria no está exenta de polémicas. La Dra. Funes y Gladys Marín no son solo funcionarias de jerarquía en el ámbito de Salud, sino que la percepción es que forman parte del círculo de confianza que accede a beneficios estatales que se supone deben regirse por la necesidad social.
Desde el Gobierno, se ha defendido la legalidad de los sorteos, argumentando que las funcionarias —como cualquier otro profesional de la salud— tienen derecho a participar en programas específicos que buscan fijar personal en zonas clave. No obstante, la crítica política señala un patrón: que en los sorteos con cupos para sectores específicos, los ganadores terminan siendo, llamativamente, personas que ostentan cargos de jerarquía o tienen vínculos directos con la cúpula oficialista.
Esta práctica contradice el espíritu de austeridad y el discurso de “no beneficios” que enarbola la administración central. Se exige a la ciudadanía un ajuste histórico, con recortes en subsidios y jubilaciones, mientras que a las figuras vinculadas al poder se les facilita el acceso a bienes esenciales, como la vivienda, con un importante subsidio estatal. La diferencia entre el esfuerzo que se le exige a la población general y el beneficio que se les concede a los funcionarios es demasiado notoria para ser ignorada.
El caso de la jefa del vacunatorio no hace más que profundizar la desconfianza pública. En un sistema que debería regirse por la equidad, estas adjudicaciones selectivas abonan a la idea de que la meritocracia solo aplica a quien no tiene “padrinos”.
Para recuperar la credibilidad en la gestión de la vivienda social, el IPV no solo debe asegurar la legalidad de sus sorteos (supervisados por escribanos), sino también extremar la transparencia y, quizás, revisar las bases de estos programas sectoriales para evitar que se conviertan, de facto, en vías de acceso privilegiado para los amigos del poder. La casa propia es un derecho, pero la confianza en la gestión pública es un bien que se pierde con cada nueva polémica.
