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La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el ex presidente de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de peculado, en una causa en la que se investigó la sustracción de 50 millones de pesos destinados a la construcción de una ruta que nunca se hizo. Esa cifra fue actualizada para así determinar el monto del decomiso. La fiscal Fabiana León pidió al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que ejecuta la pena, que tras la actualización del dinero involucrado en la maniobra de corrupción se exija un pago de 8.289.937.856,99 pesos.

“La ejecución de este título debe ponerse en marcha de inmediato. La sentencia se encuentra firme y el Estado debe recuperar los fondos públicos sustraídos. La determinación del monto permite fijar una base objetiva de liquidación; a partir de allí, cualquier discusión residual sobre modalidad o alcance no puede neutralizar la eficacia del título ni postergar indefinidamente su ejecución”, escribió la fiscal su dictamen.

Por ello, sostiene en su pedido, “corresponde intimar a Fainser S.A. y a Juan Carlos Lascurain al pago íntegro del monto resultante, bajo apercibimiento de ejecución forzada. Y, en forma simultánea, corresponde disponer -cuanto menos- las siguientes medidas de aseguramiento patrimonial”.

En 2019, los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero condenaron por peculado a Lascurain, Atanacio Pérez Osuna (ex interventor e Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); el ex coordinador de YCRT Miguel Angel Larregina, el diputado provincial Horacio Mazu y el ex asesor Juan Vargas.

La acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal además remarcó que el pliego de condiciones que licitó la construcción de la ruta de siete kilómetros, el llamado “Camino de los Mineros” para facilitar el tránsito en la zona del Yacimiento, “no preveía pago de anticipo alguno”. Entendió la representante del ministerio Púbico Fiscal que la “contribución de Lascurain fue imprescindible para sustraer los 50 millones de pesos” entregados como anticipo en tres pagos, el último de ellos el 9 de diciembre de 2015, “cuando ya se sabía que iba a cambiar la intervención de YCRT”.

Ahora la Fiscalía solicitó un informe al área especializada de la Procuración General de la Nación, -la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI)-, “a fin de contar con una base técnica objetiva para determinar el monto actualmente exigible”.

El informe relevó distintos métodos de cálculo. Al capital histórico de 50 millones de pesos, sumando la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) publicada por el Banco Central, arroja al 22 de junio de 2026 la suma de 8.289.937.856,99 pesos para el período 10 de diciembre de 2015 al 22 de junio de 2026.

Además, aclaró la fiscal León que en los casos de los dos tipos de tasa TNA y TIM, la diferencia “entre el importe original y el monto resultante conforma los intereses devengados”.

Desde esta perspectiva, el Ministerio Público Fiscal entiende que la tasa TIM es la pauta que “mejor se ajusta al título de condena, de restitución de la suma detraída más los intereses devengados”.

La fiscal León señaló que la TIM “no supone indexar. Constituye una tasa oficial de intereses moratorios, publicada por el BCRA, utilizable para liquidaciones judiciales de deudas dinerarias”. Su aplicación “permite calcular los intereses derivados de la privación de uso del dinero público desde la detracción de los fondos, sin transformar esta incidencia en una discusión sobre repotenciación, actualización por precios o variación de costos”.

De este modo, la TIM “permite cumplir el mandato de la sentencia firme con una regla oficial y controlable, específicamente orientada al cálculo de intereses moratorios en deudas dinerarias. Y a la vez, evita transformar esta ejecución en una discusión sobre actualización monetaria”.

Por todos esos aspectos, la fiscal pidió al TOF 7 que procedan al decomiso por más de 8.000 millones de pesos: corresponde “aprobar -o tener como base de liquidación- la suma de $8.289.937.856,99 al 22 de junio de 2026, sin perjuicio de la continuación del devengamiento de intereses, hasta la fecha de efectivo pago”.

Ante la consulta de Clarín, fuentes judiciales señalaron que el TOF 7 analizará en primer término cuál es la tasa más conveniente de actualización para el monto involucrado en la maniobra de peculado corroborada, y luego se procederá a fijar el monto correspondiente del decomiso.

La causa

En el marco de la defraudación por el mal manejo de los fondos que debían dirigirse a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), hubo una partida presupuestaria que involucró a Fainser, una empresa del ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain que recibió fondos millonarios por una obra inconclusa. Quedó procesado por defraudación al Estado y el juez Luis Rodríguez lo envió a juicio oral junto al ex intendente de la localidad, Atanasio Pérez Osuna y al diputado K Matías Mazú.

Muchas de las obras proyectadas para la modernización y puesta en marcha del Complejo Minero “no se completaron” y contaron con “sobreprecios e irregularidades administrativas”.

Cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio de la investigación, acusó a Lascurain como partícipe necesario del delito de sustracción de fondos federales,mientras que al ex interventor de Yacimiento Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y actual intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna lo acusó de autor de ese delito. El intendente santacruceño dijo que las órdenes para hacer la obra de pavimentación se las dio el ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta, el ayudante estrella de Julio De Vido en el ministerio de Planificación.

Para la Justicia, Mazu y Pérez Osuna (ambos fallecidos), “habrían primero seleccionado y diagramado una estructura jurídica sobre cuya base se erigió el desvío” y luego coordinaron con la empresa Fainser, que resultó adjudicada para la realización la obra, la forma y condiciones del desvío” de 50 millones de pesos.

El presupuesto fijado por el extinto Ministerio de Planificación para 7 kilómetros de pavimentación (que nunca se hicieron) fue de 494.235.000 pesos. La constructora a cargo fue Fainser, denunciada en esta causa por el interventor macrista de YCRT, Omar Zeidán.

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Crédito de la fuente original: www.clarin.com