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Durante décadas, una idea dominó buena parte del debate económico occidental. El mercado asigna mejor los recursos que el Estado y, por lo tanto, cuanto menor sea la intervención pública, mayor será la eficiencia de la economía. En el Reino Unido, esa filosofía tuvo un nombre propio: Margaret Thatcher.

La revolución thatcherista transformó profundamente la economía británica. Liberalización, privatizaciones y desregulación modificaron la estructura productiva del país. Londres consolidó su posición como uno de los grandes centros financieros globales, mientras buena parte del norte inglés sufrió el cierre de fábricas, minas y plantas industriales.

Cuarenta años después, el péndulo parece moverse en la dirección contraria.



La figura de Andy Burnham, referente político del norte de Inglaterra, expresa algo más profundo que un cambio de orientación dentro del laborismo. Su propuesta parte de una premisa que hoy atraviesa a buena parte del mundo desarrollado. Una economía no puede depender exclusivamente de los servicios y de las finanzas si quiere preservar capacidades productivas estratégicas.

El cambio no es exclusivamente británico. En Estados Unidos, la administración Biden impulsó una política industrial basada en subsidios, compras públicas y estímulos a la producción doméstica de semiconductores, vehículos eléctricos y tecnologías verdes. La Unión Europea comenzó a discutir cómo recuperar capacidades industriales frente a la competencia china. China, por su parte, nunca abandonó la planificación estratégica de sectores considerados críticos.

El viejo consenso de los años 90 está en retirada. La pregunta ya no es si debe existir una política industrial. La discusión relevante es qué política industrial necesita una economía para generar productividad y capacidades competitivas.



Ahí aparece una diferencia fundamental entre la vieja política industrial y la nueva.

La primera tendía a medir su éxito por la cantidad de empresas protegidas, los empleos sostenidos o las fábricas instaladas. La segunda debería medirlo por algo bastante más exigente. Cuánto aumenta la productividad, cuánto valor agregado genera, cuánto exporta, qué capacidades tecnológicas desarrolla y qué tan densas son sus cadenas de proveedores.



La política industrial del siglo XXI no debería consistir en proteger empresas de la competencia. Debería consistir en construir las condiciones para que puedan competir.

Ese cambio conceptual es central para países como Argentina. La discusión local suele quedar atrapada entre dos extremos. Por un lado, quienes sostienen que cualquier intervención estatal es necesariamente ineficiente. Por otro, quienes consideran que toda industria nacional debe ser protegida independientemente de sus resultados.

Ambas posiciones simplifican demasiado. La experiencia internacional muestra que los países que lograron construir capacidades industriales no lo hicieron dejando todo librado al mercado. Tampoco subsidiaron indefinidamente actividades sin posibilidades de competir. Utilizaron al Estado para coordinar inversión, infraestructura, capacitación, innovación, financiamiento y demanda. Al mismo tiempo, exigieron resultados.



Una política industrial moderna debería preguntarse qué sectores pueden generar externalidades tecnológicas, cuáles tienen potencial exportador, dónde existen ventajas asociadas a los recursos naturales y qué capacidades locales pueden integrarse a cadenas globales de valor.

En Argentina, esta discusión adquiere una relevancia particular frente al crecimiento de la minería, el petróleo y el gas, las energías renovables y la economía del conocimiento.

El desafío no es elegir entre industria y recursos naturales. Esa dicotomía pertenece a otra época. El verdadero desafío es construir ecosistemas productivos alrededor de los recursos naturales.



La minería puede generar proveedores de ingeniería, servicios especializados, software, maquinaria y tecnologías de procesamiento. Vaca Muerta puede desarrollar capacidades industriales y de servicios que trasciendan la extracción de hidrocarburos. El litio puede ser una plataforma para acumular conocimiento en química, materiales, energía y almacenamiento.

La política industrial, en estos casos, no debería intentar fabricar artificialmente todo aquello que el mercado no demanda. Debería identificar dónde existen oportunidades reales para desarrollar capacidades y conectar esas capacidades con mercados internacionales.

Ese es, en definitiva, el verdadero debate que plantea el regreso de la política industrial en el mundo.



Burnham puede tener razón cuando sostiene que una economía no puede depender indefinidamente del exterior para bienes críticos. Pero también existe un riesgo. Confundir reindustrialización con nostalgia industrial. No alcanza con reconstruir las fábricas del pasado. La industria que viene será más automatizada, más intensiva en conocimiento, más integrada con los servicios y mucho más dependiente de la tecnología.

El Reino Unido enfrenta, además, un problema que Argentina conoce bien. La distancia entre la voluntad política y la capacidad efectiva del Estado para ejecutar una estrategia de largo plazo. Diseñar una política industrial es relativamente sencillo. Sostenerla durante una década, coordinar organismos, asignar recursos y evaluar resultados es bastante más difícil.

Por eso, la verdadera revancha de la política industrial no debería ser contra Thatcher. Debería ser contra la idea de que la política industrial consiste en elegir entre Estado y mercado.



Los países que están ganando la nueva competencia global entendieron algo más sofisticado. El mercado es indispensable para asignar recursos, pero el Estado puede ser decisivo para construir capacidades que el mercado, por sí solo, no necesariamente genera.

La discusión para Argentina debería partir de ahí. No se trata de proteger industrias porque sí. Tampoco de abandonar a su suerte a las empresas nacionales bajo la premisa de que la competencia siempre produce resultados virtuosos.

Se trata de algo bastante más incómodo. Construir una política industrial que premie la productividad, promueva la inversión, genere proveedores, impulse las exportaciones y obligue a medir resultados.



Porque la verdadera política industrial no se mide por cuántas empresas protege. Se mide por cuántas capacidades nuevas es capaz de crear.

Para profundizar en esta discusión, recomiendo la lectura de mi trabajo Pereira, Horacio Augusto, “From Natural Resources to Industrial Ecosystems: A Framework for Productive Development in Argentina” (December 12, 2025). Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=6402898 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.6402898

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Crédito de la fuente original: eleconomista.com.ar