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A partir de la decisión de la Justicia porteña de revocar el fallo de la jueza Laura De Marinis, distintos dirigentes políticos celebraron la resolución y volvieron a instalar en el centro de la discusión la política de seguridad y el alcance del nuevo Régimen Penal Juvenil. Entre los que festejaron la revocatoria estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y la senadora nacional y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Ambos habían cuestionado públicamente la decisión de la magistrada y reclamado que se revisara su actuación.

Pocas horas después de que la Cámara Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad revocara por unanimidad la resolución de De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801 y había sobreseído a un adolescente de 14 años acusado de participar en un intento de robo, reaccionó la política, y en particular el macrismo y los libertarios.

Este sector político festejó la decisión de los camaristas Jorge Franza, Ignacio Mahiques y Patricia Larroca, que no solo dejaron sin efecto el sobreseimiento sino que también dispusieron apartar a la jueza del expediente por considerar que ya había adelantado su posición sobre el caso.

“Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso”, fue el duro mensaje de Jorge Macri. El fallo de De Marinis ya había provocado una fuerte reacción del oficialismo porteño. El propio Macri había anunciado que pediría el juicio político de la magistrada y cuestionó con dureza que un juez pudiera, según su interpretación, dejar de aplicar una norma sancionada por el Congreso.

Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso. pic.twitter.com/MyHwbHcWAz

— Jorge Macri (@jorgemacri) September 25, 2026

A su vez, la senadora nacional Patricia Bullrich, quien también había cuestionado la decisión y sostenido que este tipo de resoluciones dificultaban la construcción de una política de seguridad basada en la responsabilidad penal, fue todavía más dura.

“La Cámara anuló el fallo de la jueza pro delincuentes de la Ciudad. Por eso, la apelación es una herramienta concreta frente a una sentencia cuestionada. No se trata de hacer propaganda ni de esperar un juicio político: se trata de recurrir a la Justicia y obtener una respuesta ahora”, sostuvo Bullrich en X.

“Además, la Ley Penal Juvenil contempla distintas penas, incluida la prisión, según la gravedad del delito. Lo que no contempla es que una jueza elija qué leyes aplicar según su ideología“, acotó la senadora nacional.

Y remató: “Las víctimas no eligieron ser víctimas. Quien comete un delito debe responder ante la Justicia”.

El conflicto adquirió todavía mayor dimensión porque la nueva legislación penal juvenil había sido presentada por el Gobierno nacional como una de las principales modificaciones de su política de seguridad. La Ley 27.801 establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años y entró en vigencia el 5 de septiembre. La resolución de De Marinis ponía en discusión precisamente ese punto de la norma.

La jueza había sostenido que la aplicación del régimen penal en las circunstancias particulares del expediente resultaba incompatible con garantías constitucionales y con el sistema de protección integral de niños y adolescentes. También había aclarado públicamente que su decisión no implicaba una suspensión general de la ley y que se circunscribía al caso que tenía bajo análisis.

Pero la decisión de la Cámara significa un revés para el criterio adoptado originalmente por la jueza y un respaldo, en términos procesales, a la vigencia de la normativa cuestionada.

En ese sentido, el exministro de Seguridad porteño y actual diputado de la Ciudad, Waldo Wolff, se mostró más que conforme. “Contundente resolución de la Cámara donde revocan el fallo de la Dra. De Marinis y la apartan de la causa”, dijo Wolff y remarcó “Tranquiliza”.

La cuestión tenía además una particular relevancia para la cartera que conduce Wolff, ya que la aplicación del nuevo régimen penal juvenil afecta directamente la relación entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y los tribunales.

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