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Diputados arranca este miércoles con el debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía, que el Gobierno enviado por Malvinas, pero que ya genera algunos puntos de tensión con sectores de la oposición como el vinculado con el régimen de protección de las infraestructuras críticas como la creación de un Consejo de Seguridad al estilo estadounidense.

La propuesta, que ingresó a la Cámara baja el 17 de septiembre, será analizada en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, todas controladas por el oficialismo, ya que están presididas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

La reunión será de carácter informativo y el oficialismo apuesta que el trámite legislativo será completado en una segunda reunión prevista para el 6 de octubre con la intención de llevarlo al recinto el 21 de octubre. En esta primera audiencia fueron invitados a Paula Tadei, subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Nación; y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía.

El oficialismo confía que tendrá los votos para aprobar la propuesta enviada por el Gobierno, aunque desde los sectores más duros de la oposición se declararon en alerta no solo porque crea un nuevo sistema de seguridad nacional sino también por el punto que reforma el Código Penal y fija penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación.

En la previa, el consenso quedó concentrado en el capítulo I de la propuesta que impulsa la derogación de la Ley 26.659, que hasta ahora regulaba las sanciones por la exploración de hidrocarburos de las Islas Malvinas, y lo extiende a todos los recursos naturales explotados sin autorización argentina con un endurecimiento de las sanciones para quienes operen en las islas sin la autorización de la Argentina.

El tema entró en la agenda del Gobierno por las acciones unilaterales del gobierno británico en las islas. Todo se vincula a lo ocurrido en diciembre de 2025, cuando Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited anunciaron el plan de exploración y desarrollo del yacimiento Sea Lion.  Eso activó el rechazo diplomático de la Cancillería y avanzó con un Plan de Acción sobre Hidrocarburos, con reclamos jurídicos y acciones administrativas.

Pero el proyecto que Javier Milei mandó al Congreso tiene las características de una nueva ley ómnibus del Gobierno porque la propuesta dividida en 8 capítulos de un total de 133 artículos, pasa de la cuestión Malvinas a un nuevo sistema de seguridad.

A eso se suma la creación del Consejo de Seguridad, que definirá la Política de Seguridad Nacional. El cuerpo estará conformado por el Presidente, el Jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el Secretario de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.

Desde el peronismo, que estará representado entre otros por Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y ex jefe de la secretaría de Inteligencia, ya anticiparon su rechazo a la creación del Consejo de Seguridad al estilo norteamericano no solo por su integración sino también por la situación geopolítica de la Argentina respecto de Estados Unidos.

La propuesta prevé la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, que incluye desde las funciones diplomática, económica, cibernética, y de defensa hasta la jurídica y de inteligencia. Pero uno de los puntos que llama la atención es la protección de las infraestructuras críticas.

En este sentido, se define a la infraestructura crítica a aquellas instalaciones, redes, sistemas, servicios y activos, tanto públicos como privados, cuya interrupción o destrucción pueda afectar de manera significativa la seguridad, la defensa, la salud, la economía, los servicios esenciales o el funcionamiento del Estado.

Uno de los puntos que va a generar polémica tiene que ver con que los propietarios y operadores de infraestructuras alcanzadas por el régimen estarán a cargo de las medidas de protección de esas infraestructuras, que obviamente deberá contar con el aval del Consejo de Seguridad.

Pero eso no es todo, sino que con la reforma de la Ley de Defensa también se habilita la intervención militar para la protección de las infraestructuras críticas, lo que algunos diputados considera viola la ley de Seguridad Interior. El debate no será sencillo pese al acuerdo sobre el tema Malvinas.

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