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De cara al inicio de la campaña electoral, el Gobierno prepara un decreto con un nuevo régimen de retiros voluntarios para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada. Para Javier Milei, la decisión significa mucho más que reducir la planta estatal. Es parte de la plataforma política del Ejecutivo. “Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer”, dijo el Presidente durante su exposición en el Consejo de las Américas al responder sobre el atraso de los salarios.
Desde noviembre de 2023 hasta agosto pasado, se discontinuaron 74 mil contratos en el Estado. Aunque figuraban como planta transitoria, en miles de casos, funcionaban en los hechos como planta permanente. Ahora el proyecto se concentra en ese universo de trabajadores, con mayor estabilidad.
El texto del decreto incluye compensaciones que podrán alcanzar hasta 20 sueldos por antigüedad, más un adicional de hasta cinco salarios, según la situación de cada agente. Quienes adhieran tendrán además prohibido volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años.
La medida figura en un proyecto de decreto fechado el 5 de octubre y firmado digitalmente por Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública y número dos de Federico Sturzenegger.
El encargado de difundirlo en redes sociales no fue el gobierno sino Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. Dijeron que venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen de hacerlo, nosotros los tenemos que destruir a ellos. Después contratan por millones a consultoras amigas de Sturzenegger“, señaló el jefe del gremio minoritario de estatales, que adelantó que estudian nuevas medidas de fuerza.
Semanas atrás, trabajadores de ATE tomaron el edificio de la obra social de los militares ante el anuncio del cierre de hoteles.
Desde el mayoritario UPCN, más dialoguista y a cargo del referente de la CGT Andrés Rodríguez, no hicieron declaraciones.
Ahora, el plan de retiros está destinado en su totalidad al personal de planta permanente de la administración central y a quienes se encuentren contratados por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, quedarán excluidos, entre otros, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en actividad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, los cuerpos artísticos nacionales y los cargos docentes.
El texto del decreto que aún no fue oficializado en el Boletín Oficial se conoció porque ATE accedió al expediente administrativo en trámite EX-2026-93338964-APN-CGDYD#MDYTE, por lo que se firmaría en las próximas horas.
Según los cálculos oficiales, el universo alcanzado sería de 21.187 trabajadores, con alrededor de 2.187 adhesiones y un costo inicial de entre $116.500 y $130.000 millones.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el esquema de compensaciones, que divide a los empleados en tres grupos de acuerdo con su edad y situación previsional.
Para las mujeres de 58 años o más y los hombres desde los 63 que todavía no cuenten con los aportes suficientes para jubilarse, se ofrecen dos alternativas. Podrán cobrar mensualmente el 60% de su remuneración hasta alcanzar las condiciones jubilatorias, con un máximo de 36 meses, o elegir un pago equivalente a un sueldo por cada año de antigüedad, sujeto a un límite de 18 salarios o a los meses faltantes para jubilarse, según cuál resulte menor. En la modalidad mensual, el Estado continuará pagando los aportes previsionales y de obra social.
Para las mujeres de entre 58 y 64 años y los hombres de entre 63 y 64 que ya cuenten con al menos 30 años de aportes, el retiro contempla un sueldo por cada año de antigüedad, con el mismo límite de 18 salarios o los meses restantes hasta la jubilación. A esa suma se le agregarán otros cinco sueldos.
El tercer grupo comprende a las mujeres de hasta 57 años y a los hombres de hasta 62. En esos casos, la compensación será también de un salario por año de antigüedad, aunque con un máximo de 20 sueldos. Se sumarán otros cuatro salarios para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad y cinco para quienes superen ese plazo.
Los pagos únicos podrán realizarse hasta en tres cuotas mensuales consecutivas. Las dos primeras tendrán un límite de $20 millones cada una y el saldo será abonado en la tercera.
La iniciativa incluye además una fuerte restricción para los trabajadores que opten por el retiro: durante ocho años desde su baja no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional, ya sea como empleados, funcionarios, asesores o contratados. La única excepción prevista es la docencia en universidades nacionales.
En caso de incumplir esa prohibición, el beneficiario perderá las cuotas que tuviera pendientes y deberá devolver todo lo que haya percibido, actualizado por inflación más un interés anual del 3%.
El proyecto busca además que los retiros impliquen una reducción efectiva de la estructura estatal. Las jurisdicciones deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a los agentes que se desvinculen, mientras que esos puestos no podrán ser cubiertos durante los dos años siguientes. La reducción de la dotación tampoco podrá utilizarse para justificar nuevas incorporaciones.
La adhesión, de todos modos, no será automática. La solicitud del empleado será irrevocable, pero su presentación no genera el derecho a obtener el retiro. Deberá intervenir el área de personal y se requerirá la conformidad del superior inmediato, que deberá tener al menos rango de Director Nacional o equivalente.
La decisión final corresponderá, según cada área, a los ministros, secretarios de la Presidencia o al jefe de la Casa Militar. Podrán rechazar solicitudes por“razones de servicio”, una justificación que el propio proyecto considera suficiente para fundamentar la negativa.
Si el decreto se confirma tal como se filtró, habrá restricciones para empleados atravesados por determinadas investigaciones administrativas o judiciales, aquellos que ya hayan iniciado el trámite de jubilación o reúnan las condiciones para jubilarse y quienes tengan una renuncia pendiente. Los trabajadores que hayan iniciado reclamos administrativos o judiciales contra el Estado por su relación laboral deberán desistir de ellos para poder adherir, con excepción de las demandas vinculadas a riesgos del trabajo. Los delegados gremiales que quieran adherirse deberían antes renunciar a la representación de los trabajadores.
Los plazos y las eventuales evantuales prórrogas y las fechas que se tomarán para calcular la edad y el salario utilizado como base de las compensaciones todavía no fue definido.
El proyecto también deja abierta la posibilidad de que los organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado y otros entes comprendidos en el artículo 8 de la Ley 24.156 tramiten la implementación del régimen mediante el mecanismo previsto por la normativa vigente.
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Crédito de la fuente original: www.clarin.com
