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Francia termina el 2026 con un panorama cada vez más complicado. Desde hace semanas, las protestas se extendieron por el país, con enfrentamientos, detenciones y más de 600 policías heridos. Pero lo que preocupa aún más es la economía.

Francia no está en recesión, pero apenas crece. Según las previsiones que el FMI publicó la semana pasada, el PBI francés avanzará apenas un 0,4% en 2026, uno de los peores registros de la eurozona. 

Italia, que lleva décadas asociada al estancamiento, crecerá el doble: 0,8%. 



• La eurozona en conjunto avanzará un 1,1% y Alemania, un 1,3%. España, con un crecimiento previsto del 2,5%, crecerá más de seis veces lo que crece Francia.

Más revelador que el dato es su evolución. En los últimos meses, el FMI mejoró sus previsiones de 2026 para la eurozona, Italia y Alemania, cuya proyección pasó del 0,7% al 1,3%. Francia fue en la dirección contraria: la estimación cayó del 0,6% al 0,4%. El propio Gobierno ya había reducido su previsión del 0,7% al 0,5%, después de que el instituto estadístico Insee publicara estimaciones todavía más débiles. El consumo, uno de los principales motores de la economía francesa, aumentaría apenas un 0,3% en el conjunto del año.

A la debilidad económica se suma la incertidumbre política. Emmanuel Macron no puede volver a presentarse y las elecciones presidenciales se celebrarán entre abril y mayo de 2027. A seis meses de la votación, Marine Le Pen lidera los sondeos de primera vuelta y también aparece como favorita en los escenarios de balotaje. La izquierda radical de Mélenchon, los socialdemócratas de Glucksmann y el centro de Philippe compiten por un electorado fragmentado que ya no encaja en dos bloques definidos.

El problema económico de fondo es fiscal. Francia no registra un superávit presupuestario desde 1974. El déficit se ha consolidado en torno al 5% del PBI: fue del 5,1% en 2025 y se prevé que alcance el 5,4% este año. La deuda pública, por su parte, ya representa el 119% del producto, frente al 116% de fines de 2025. Son cifras que reflejan un desequilibrio persistente, muy por encima de los límites que desde hace años orientan las reglas fiscales europeas.



Los mercados empezaron a reflejar ese deterioro. El rendimiento del bono francés a diez años superó recientemente el 4,8% y el 2 de octubre rozó el 5%, su nivel más alto desde 2002. Francia paga ahora más que Italia y Grecia, algo impensable cuando sus títulos se financiaban a tasas cercanas a las alemanas y fueron negativos entre 2021 y 2022. La prima de riesgo frente al bono alemán, que durante años rondó los 60 puntos básicos, superó los 130 y llegó a acercarse a los 150, niveles que no se veían desde la crisis de deuda soberana de la eurozona de 2012.

En Argentina, acostumbrada a medir el riesgo país en cientos o miles de puntos básicos, esas cifras pueden parecer modestas. En Francia, sin embargo, representan un cambio profundo: el mercado empieza a exigir una compensación mayor por financiar al Estado. Parte de la suba responde a factores internacionales. Desde febrero, el rendimiento del bono alemán pasó del 2,6% al 3,5%, en un contexto de inflación europea más elevada y expectativas de nuevas subas de tasas del Banco Central Europeo. Pero el rendimiento francés aumentó a un ritmo mucho mayor, señal de que el problema no es exclusivamente global.

Las propias proyecciones oficiales muestran la dimensión del desafío. Si no se adoptaran nuevas medidas, el déficit alcanzaría el 5,9% del PBI en 2027 y se acercaría al 7% en 2030. La deuda superaría el 130% del producto al final de la década. No son advertencias de fondos de inversión o agencias de calificación, sino cálculos del propio Gobierno.



Una parte creciente del problema está en los intereses. En 2021, el Estado francés pagó 38.000 millones de euros por su deuda. Este año desembolsará alrededor de 78.000 millones. La previsión oficial eleva esa cifra a 124.000 millones en 2030, con un incremento de unos 10.000 millones anuales a partir de 2027. Entre 2021 y 2030, la factura aumentaría casi 90.000 millones de euros.

Francia ya destina más recursos al servicio de la deuda que a educación o defensa. El encarecimiento del financiamiento no solo agrava el déficit: también reduce el margen para sostener otros gastos e invertir en defensa, precisamente cuando el rearme presiona sobre las cuentas públicas.

El presupuesto para 2027 presentado por el primer ministro Lecornu busca reducir el déficit del 5,4% previsto para este año al 5% el próximo. Para conseguirlo, plantea un ajuste de 54.000 millones de euros, basado en recortes del gasto público, límites a las prestaciones previsionales y a los salarios estatales, además de algunos impuestos selectivos.



La medida más controvertida es la suspensión de la indexación automática por inflación de las jubilaciones superiores a 1.260 euros mensuales. El Gobierno espera ahorrar 4.100 millones de euros con esa decisión, de un total de 5.500 millones previstos en el capítulo previsional, aunque el gasto en pensiones seguirá aumentando por el envejecimiento demográfico. El plan incluye, además, recortes por 2.500 millones en el Ministerio de Trabajo, un ahorro de 2.000 millones mediante el congelamiento del índice salarial de los empleados públicos y otros 2.000 millones vinculados a las licencias médicas.

El ajuste se apoya, sin embargo, en una hipótesis de crecimiento del 1% para 2027, superior al 0,7% que proyecta el FMI. El organismo fiscal independiente ya cuestionó el optimismo de los supuestos oficiales. Si la actividad vuelve a decepcionar, la recaudación será menor y alcanzar la meta de déficit resultará todavía más difícil.

Incluso si el presupuesto se ejecuta según lo previsto, la deuda seguirá aumentando hasta el 1227% del PBI en 2027 y no comenzaría a disminuir hasta 2029. El Gobierno sostiene que solo podrá estabilizarla cuando el déficit vuelva al 3% del producto. En otras palabras, el esfuerzo de 54.000 millones de euros permitiría frenar el deterioro, pero no resolvería el problema de fondo. Y el costo político del ajuste ya empezó a hacerse visible.



Francia recurrió durante décadas al gasto público para amortiguar los conflictos sociales. Ahora, el peso de las jubilaciones, el aumento de los intereses y la presión de los mercados reducen el margen para repetir esa estrategia.

Quien llegue al Elíseo en 2027 heredará una combinación difícil: un déficit que, incluso con el ajuste, rondará el 5% del PBI, una factura de intereses que crecerá en unos 10.000 millones de euros al año, un mercado menos dispuesto a financiar al Estado francés y un sistema político fragmentado. Marine Le Pen puede capitalizar ese desgaste sin necesidad de ofrecer una solución detallada a cada problema. Le basta, por ahora, con presentarse como la alternativa al sistema.

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Crédito de la fuente original: eleconomista.com.ar