El “plan platita” de Petri y las malas artes electorales
La batería de medidas anunciadas por el ministro de Defensa, Luis Petri, supuestamente en favor del personal militar –especialmente los planes de acceso a créditos hipotecarios y las facilidades a través del Instituto de Ayuda Financiera (IAF)– debe analizarse con una lupa crítica que trascienda la mera gestión. Si bien se presentan como un “reconocimiento tangible” y una corrección a la histórica desatención de las Fuerzas Armadas, su irrupción en la antesala de las elecciones legislativas de 2025 revela una calculada estrategia de captación política que instrumentaliza al sector castrense.
Desde el punto de vista puramente administrativo, la eliminación de trabas y la flexibilización de requisitos para el acceso a la vivienda, como el convenio con el Banco Nación que sortea la condición de ocupación permanente, son pasos que, en teoría, alivian una problemática real. Sin embargo, estas mejoras materiales se utilizan como un caballo de Troya para avanzar una agenda política de mucho mayor calado ideológico y mediático.
La verdadera intención detrás de la “dignificación” económica es consolidar la base de apoyo mientras se impulsa la agenda más controvertida del oficialismo: la intervención militar en seguridad interior y la revalorización pública del estamento castrense, conceptos que en Argentina siempre han generado profunda división. La combinación de un beneficio directo (créditos) con un rol ampliado y polémico (seguridad interna) no es una casualidad; es el engranaje de una maquinaria que busca forjar un bloque de lealtad política a un costo de alta exposición institucional.
No es ingenuo pensar que las Fuerzas Armadas son un núcleo de influencia y voto. Por ello, la crítica se centra en la sospecha de clientelismo sectorial. Las medidas de Petri corren el grave riesgo de convertirse en un simple “cheque preelectoral” dirigido a un nicho. Si la mejora en la carrera y los haberes fuese una política de Estado genuina, se habría gestado con una visión a largo plazo, enfocada en resolver el déficit salarial de base (donde muchos efectivos siguen bajo la línea de pobreza) y la crisis estructural de la obra social militar (IOSFA), problemas que siguen sin una solución de fondo.
Lo que observamos, en cambio, es la priorización de lo noticiable y lo movilizador: el gesto grandilocuente que genera adhesión inmediata. La delgada línea entre el “acto de justicia” y la “politización oportunista” se rompe cuando la promesa de bienestar se utiliza para coaccionar un respaldo político a una agenda más amplia que expone a los uniformados.
En este marco, la gestión de Petri no logra despegarse de la imagen de ser una pieza clave en la construcción electoral del oficialismo. La verdadera prueba de fuego no será la cantidad de créditos otorgados antes de las elecciones, sino la continuidad y la profundización de los beneficios después de ellas. Si el apoyo a los militares se diluye tras el paso por las urnas, estas iniciativas serán recordadas simplemente como lo que muchos ya sospechan: un cálculo electoral cínico y una instrumentalización de las Fuerzas Armadas para el beneficio coyuntural de un ministro con ambiciones y de un gobierno necesitado de bases leales.
