Inmobiliaria Petri: una nueva polémica envuelve al ministro candidato
La reciente propuesta del ministro de Defensa, Luis Petri, de vender 13.000 hectáreas pertenecientes al Ejército en La Calera, Córdoba, ha encendido las alarmas y generado un intenso debate. Si bien la administración de bienes del Estado es una potestad del Poder Ejecutivo, la opacidad de esta operación y el contexto en el que se enmarca levantan serios interrogantes sobre la idoneidad y los verdaderos motivos de la decisión.
Las tierras en cuestión no son un simple baldío. Ubicadas en las cercanías de la 2ª División del Ejército y del Comando de la IV Brigada Aerotransportada, se encuentran en un área de altísimo valor inmobiliario, rodeada de barrios privados y emprendimientos de lujo. Esto potencia su valor de mercado, pero también acrecienta las sospechas sobre la falta de un plan claro y formalizado para su enajenación.
El diputado del PRO Oscar Agost Carreño ha presentado un pedido de informes en el Congreso, exigiendo que el ministro Petri aclare los motivos de la operación. Su preocupación es compartida por diversos sectores políticos y sociales que reclaman transparencia. La pregunta central es: ¿Cuáles serían los beneficios reales para el Estado y bajo qué condiciones se llevaría a cabo esta venta?
Este conflicto no es un hecho aislado. Se suma a otras controversias que golpean al ministro de Defensa, como la crítica situación de la obra social de las Fuerzas Armadas y las menciones a su cartera en investigaciones judiciales por supuestos hechos de corrupción. Además, su rol como candidato a diputado por Mendoza en medio de una campaña electoral añade una capa de complejidad y cuestionamiento a su gestión ministerial.
La administración del patrimonio militar es un tema de suma delicadeza. La venta de activos estratégicos, como en este caso, puede significar una pérdida irreparable para el Estado. Por ello, es imperativo que el Congreso, en su rol de contralor, exija explicaciones claras y detalladas.
El debate por la venta de estas 13.000 hectáreas es un reflejo de un problema más profundo: la necesidad de una gestión pública transparente y responsable. La ciudadanía tiene el derecho de saber qué se hace con los bienes de la Nación y qué intereses podrían estar detrás de operaciones de este calibre. La resolución de este dilema definirá no solo el futuro de estas tierras, sino también la confianza en las instituciones.
