La Policía de Cornejo ensombrece la democracia mendocina
La masiva y pacífica marcha en defensa de la universidad pública en Mendoza fue un claro mensaje social. Sin embargo, en medio de la multitud, un hecho alarmante se convirtió en el principal titular: la represión policial contra los manifestantes, incluido el intendente de San Rafael, Omar Félix, es una señal que va más allá de un simple altercado y se instala de lleno en el debate sobre la calidad de nuestra democracia.
En una provincia con un poder ejecutivo que ostenta su poder y ordena sobre las fuerzas de seguridad, la policía no actúa de forma autónoma en una protesta de esta magnitud. La decisión de reprimir a quienes reclaman, sacarle fotos como en tiempos oscuros del país y hasta agredir a un intendente, una de las principales figuras políticas de la oposición y un representante del pueblo, es un acto deliberado que demuestra un profundo desprecio por las normas institucionales. La orden de usar la fuerza, de levantar escudos y de lanzar gases lacrimógenos en un evento pacífico, se origina en la cúpula del poder, en la persona que, por Constitución, tiene el mando directo de la Policía de Mendoza.
La represión protagonizada por la Policía de Mendoza es el reflejo de una visión política que prefiere la imposición por sobre el diálogo, el autoritarismo por sobre el consenso. Es un mensaje claro para la sociedad y para la oposición: nadie está exento de la fuerza del Estado, y la disidencia, incluso la que proviene de un cargo institucional, merece ser silenciada.
El incidente no solo es una mancha para la policía, sino que también es un golpe directo a la convivencia democrática. Cuando las fuerzas de seguridad son usadas por su jefe para amedrentar a quienes reclaman sus derechos y/o a un adversario político, se quiebran los límites del juego democrático y se erosiona la confianza en el sistema. Esto demuestra un alarmante deterioro en la respuesta estatal ante las demandas ciudadanas.
Este hecho tendrá -o al menos así debería ser- un alto costo político para el gobierno de Alfredo Cornejo. La imagen de ciudadanos comunes y hasta de un intendente democráticamente elegido siendo gaseados, agredidos y menoscabados por la policía mientras defienden una causa justa como la educación pública, es un símbolo infame que difícilmente se olvide.
