Los escándalos de corrupción que involucran a Luis Petri

El escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sacude al gobierno libertario que comanda Javier Milei. Sin embargo, las implicancias son, aún, desconocidas y no se sabe a qué funcionarios más salpicará.

Quien parece tener un número puesto entre los apuntados es un mendocino: el actual Ministro de Defensa, Luis Petri, que habría firmado contratos millonarios de 25.000 millones cada 6 meses de IOSFA, la obra social de los militares, con la droguería Suizo-Argentina, la misma que recaudaría las supuestas coimas de Karina Milei.

IOSFA está atravesando una profunda crisis produjo del ajuste del gobierno que está dejando sin cobertura a militares activos y retirados que no pueden acceder a medicamento ni continuar con el tratamiento de enfermedades graves.

Una importante fuente militar afirmó que lo de Petri es “la sospecha de todos los integrantes del IOSFA sobre el destino de los recursos que no llegan a la obra social y está al borde la quiebra”. “Hay una hemorragia que no para. Un agujero negro que nadie sabe a dónde va la plata pero que solo aumenta el déficit de la obra social. Evidentemente están saliendo a luz”, confió la misma fuente.

Este no es el primer escándalo que enfrenta la cartera de Defensa desde que Petri está en su cúpula. De hecho, se encuentra en el epicentro de denuncias que desnudan un entramado de corrupción, espionaje ilegal y abuso de poder sin precedentes.

Una cosa queda clara: lo que parecía una estructura militar dedicada a la defensa nacional, hoy se presenta como una maquinaria al servicio de intereses privados y agendas de emprendimientos privados poco claros.

Algunos otros escándalos en la administración Petri

La Justicia Federal investiga una compleja red de espionaje ilegal y corrupción en el seno del ministerio de Petri. En este caso, con Francisco Javier Moliterno y Marco Alberto Constenla, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, como principales apuntados. Estos habrían utilizado recursos estatales para realizar espionaje a empresas argentinas y bolivianas dedicadas a la explotación de litio. La información obtenida fue supuestamente vendida a empresas alemanas interesadas en monopolizar este mercado clave. Moliterno lideraba una facción apoyada por la Armada Argentina y personal militar alemán. Reuniones semanales con oficiales de la Embajada Alemana, encabezadas por el capitán Peter Christian Semrau, facilitaban la entrega de información, incluyendo escuchas y seguimientos. Según la denuncia, Moliterno percibía hasta 250 mil euros por estas operaciones.

Además del espionaje, los acusados están implicados en desvío de fondos públicos destinados a viáticos y racionamiento. Un ejemplo emblemático es el caso de un viaje a Esquel que justificaron como misión oficial, pero que resultó ser unas vacaciones familiares financiadas con fondos estatales. También se reportan contrataciones ficticias y tercerizaciones fraudulentas para apropiarse de dinero público. La Justicia Federal, liderada por el juez Sebastián Ramos, enfrenta el desafío de esclarecer este esquema de defraudación pública, abuso de poder e inteligencia clandestina con posibles repercusiones internacionales.

Otro caso es lo que se conoce como el robo de autopartes en el Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601, en Campo de Mayo, y que fue el detonante para que el ladero de Patricia Bullrich se viera obligado a ordenar una auditoría interna. La misma se llevó adelante por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti, donde se detectaron irregularidades en la gestión de repuestos de aeronaves del mencionado batallón. La investigación reveló un entramado de corrupción que incluía el robo de autopartes de aviones Twin Otter, las cuales habrían sido vendidas ilegalmente. La respuesta del Ministerio de Defensa ante esta situación fue la suspensión de 16 militares, el relevo del jefe del área y la formalización de una denuncia ante la Oficina Anticorrupción.

Sin embargo, las irregularidades van más allá. El informe también documenta casos de donación irregular de motores de aeronaves a instituciones no autorizadas, eventos sociales no presupuestados y contradicciones en los registros oficiales sobre la recepción de repuestos.

Estas prácticas, que salpican a altos mandos y subordinados por igual, demuestra una “cadena de distracción” sobre el control efectivo en el manejo de los recursos públicos. Concretamente, la venta de material donde participaban y compartían “ganancias” una serie de personas necesarias para poder evadir todos los controles.

Por otro lado, según fuentes oficiales, las denuncias contra el brigadier mayor Fernando Luis Mengo y que incluyen un abuso sexual fue sistemáticamente «cajoneada» por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Este caso dejó expuesta una verdadera red de protección dentro de la Fuerza Aérea. Lo que se conoce comúnmente con el nombre de pacto de silencio. La misma práctica utilizada por los militares sobre la ubicación de los cuerpos de los desaparecidos de la última dictadura y el paradero de los bebés secuestrados.

Ahora bien, detengámonos un instante en la figura de Marco Alberto Constenla, quien es un comodoro retirado de la Fuerza Aérea, que asumió en la dirección nacional de Inteligencia Estratégica Militar por designación del actual Ministro de Defensa, Luis Petri. Esta persona tiene bajo su mando a todas las unidades de inteligencia de las cuatro fuerzas armadas: Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Estado Mayor Conjunto.

El director de Inteligencia Estratégica Militar es muy conocido por los viejos radicales, partido de donde proviene Luis Petri. Es que Constenla participó del alzamiento carapintada de Villa Martelli, en el año 1988. Este militar, es un reconocido admirador del teniente coronel Aldo Rico. Pero además también participó de la toma del Aeroparque Metropolitano formando parte de los comandos tácticos de la Fuerza Aérea. Esta acción se llevó adelante en apoyo del líder de aquella sublevación, el coronel Mohamed Alí Seineldín. Constenla terminó siendo juzgado en el fuero civil y el militar e indultado luego por el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Pero el prontuario de Constenla no termina aquí, sino que volvió a las noticias en el año 2014 cuando asumió la titularidad del escuadrón de Inteligencia Aérea y Técnica del Litoral con operación en los campos de la base aérea de Paraná. En aquel momento fue denunciado por el suboficial Javier Alejandro Duré, quien aseguró que Constenla le había ordenado realizar inteligencia interna. El suboficial Duré no sólo se negó sino que, además, lo denunció a la Justicia Federal que lo juzgó por los delitos de coacción y usurpación de autoridad.

Si bien el acoso sexual lo pudieron mantener cajoneado por un tiempo, la situación se tornó insostenible una vez que salieron a la luz pruebas contundentes, como los videos de seguridad donde se podía ver a Mengo y sus allegados utilizando helicópteros oficiales. Los mismos fueron empleados para realizar viajes recreativos a Entre Ríos, donde disfrutaban de reuniones sociales y actividades no relacionadas con su labor militar. Se tienen registrados más de 30 vuelos de aviones militares que fueron utilizados para uso familiar.

También, existen acusaciones de usar aviones oficiales para trasladar amigos y familiares a destinos turísticos, un acto expresamente prohibido. Según señaló INFOBAE, el militar utilizó recursos del organismo para traer y llevar a su pareja, que también es castrense, de la ciudad de Paraná a Buenos Aires.

Otro caso de corrupción que involucra a las fuerzas armadas libertarias durante la gestión Petri es la investigación que lleva adelante la Justicia sobre el desvío de fondos públicos para uso particular, específicamente vacaciones familiares, junto a la creación de contratos de personal que directamente no existían. Según publicó Noticias Argentinas e InfoNews, la presentación penal quedó a cargo del Juzgado Federal número 2 de Sebastián Ramos.

La denuncia involucra a Francisco Javier Moliterno quien se había desempeñado como director de la DNIEM pero con el gobierno de Javier Milei pasó a ocupar un cargo menor pero con mucho poder, ya que algunos dicen que «opera tras las sombras». «Forma parte de la planta permanente del Ministerio desde el año pasado, pero ahora no está operativo. Lo tienen “guardado», remarcaron las fuentes consultadas por Noticias Argentinas.

Las mencionadas fuentes señalaron que «el mecanismo de fraude consistiría en realizar pedidos de viáticos de fondos públicos para ser utilizados por Moliterno para su personal, entre otros, vacaciones familiares junto a su esposa Rocío Soledad Canaves e hijos menores de edad.»

Los escándalos de corrupción en las Fuerzas Armadas no solo evidencian un entramado de irregularidades, abusos de poder y saqueo de recursos públicos, sino también la falta de compromiso de los máximos responsables políticos.

Petri, no solo exhibe una preocupante incapacidad para controlar a las fuerzas bajo su mando, sino que además responde con medidas cosméticas y tardías. Sus auditorías internas y derivaciones a la Oficina Anticorrupción no han sido más que maniobras para ganar tiempo y desviar la atención.

El litio, los helicópteros y los fondos públicos desviados no son solo ejemplos de delitos; son la evidencia de un sistema político que legitima el saqueo y el abuso de poder. Mientras tanto, el gobierno de Milei se hunde en la misma maraña de corrupción que prometió erradicar, dejando a la ciudadanía con una certeza: en esta administración, el descontrol no es un error, es el modelo.

Y, en ese modelo, el mendocino Petri -que ahora quiere un lugar en el Congreso de la Nación, quizás para protegerse con fueros- es una pieza tan esencial como vergonzosa.