Otra denuncia contra Petri: ahora lo acusan de “trapito” millonario
La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez en un momento políticamente sensible: mientras se postula para ser electo diputado nacional por la provincia de Mendoza. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una dura denuncia penal que lo acorrala, señalando un presunto desvío millonario de fondos a partir de la utilización irregular de un predio militar para un evento privado: el festival Quilmes Rock.
El corazón del escándalo es la supuesta cesión de un sector del Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), una instalación clave para la ciencia y tecnología militar. Este predio, ubicado sobre la avenida General Paz, habría sido alquilado a la productora del megaevento para funcionar como un vasto estacionamiento durante las cuatro noches del festival. ATE acusa que esta maniobra es un grave hecho de corrupción, dado que se utilizó un activo estratégico de la defensa nacional con fines de lucro.
La denuncia presentada en Comodoro Py ahonda en las irregularidades financieras. El sindicato afirma haber detectado la malversación de una suma que superaría los 80 millones de pesos, producto de la recaudación ilegal por el estacionamiento, señalando que los pagos se habrían efectuado en efectivo y con el sistema de débito automático a la empresa privada. ATE sostiene que la administración de Petri convirtió el organismo en un “kiosco”, al permitir que se pusieran en riesgo la seguridad nacional, los laboratorios balísticos y hasta un helipuerto que sufrió destrozos.
La gravedad de esta acusación se amplifica al sumarse a un patrón de controversias que han marcado su gestión en Defensa. Desde que asumió, Petri ha sido cuestionado por su manejo en temas sensibles, como el desmantelamiento de los equipos de análisis de archivos de las Fuerzas Armadas esenciales para las causas de lesa humanidad, una medida denunciada ante la ONU. Además, debió lidiar con escándalos por el presunto uso indebido de bienes públicos y vuelos militares, sumado a las denuncias por desfinanciamiento en la obra social militar (IOSFA).
La sucesión de estas polémicas, coronada con una seria denuncia de corrupción y malversación de fondos que lo vincula al popular festival, intensifica el escrutinio sobre el ministro, cuya ambición electoral por Mendoza ahora se ve empañada por los cuestionamientos sobre su desempeño en el cargo ejecutivo.
