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Varios de sus últimos años en el poder no cobró sueldo porque ya estaba jubilado. Ostenta el título de “Intendente récord de Argentina” por sus cuarenta años ininterrumpidos como jefe comunal de Santa Catalina, en Córdoba, una ciudad más conocida por el nombre de la estación de tren: Holmberg. Pero este jueves arranca el juicio en su contra: lo acusan de haber organizado una toma de tierras en su propio municipio.
En 1983, Miguel “Minino” Negro ganó las elecciones en ese municipio del gran Río Cuarto solo por 82 votos. Desde ahí, encadenó nueve reelecciones consecutivas que lo convirtieron en el intendente más veces votado en el país, hasta que llegó su límite.
La Legislatura cordobesa aprobó en 2016 una ley que modificó el Código Electoral provincial e impuso solo una reelección para los intendentes, y también a los concejales y los miembros del Tribunal de Cuentas. Coincide con la norma que aprobó ese mismo año la provincia de Buenos Aires, pero en Córdoba no hubo retoques ni nuevas chances. Así, Negro debía dejar el municipio en diciembre de 2023.
Durante 2022 y los inicios de 2023, intendentes cordobeses empezaron a presionar a la Legislatura para una modificación de la ley.
Con 76 años, en ese momento Negro se ilusionaba con la décima reelección. “Los datos que tengo parece que va a salir ahora fin de mes. Piden que no se tome ese periodo (2015-2019) y se cuente de 2019 a 2023 como el primero”, le aseguró a Clarín en 2022. “Había dicho ya públicamente que no quería saber más nada, pero tengo todos los días la gente acá que me pide que me presente”.
El jefe comunal del Partido Justicialista aseguraba que el 99% del pueblo contaba con agua potable, cloacas y asfaltos, pero por primera vez una ley le impedía presentarse.
Pese a la presión, la modificación para una última reelección no salió. Entonces Negro bendijo a Ignacio “Cotorra” Alaniz como su candidato. Juntos, ahora van a juicio.
El intendente que organizó una toma en su propio distrito
En pleno año electoral hubo una toma de terrenos a la vera de la vías del Ferrocarril de Trenes Argentinos Cargas, en el sector oeste de la estación Holmberg, de más de 50 personas.
El fiscal subrogante de la Fiscalía Federal de Río Cuarto, Rodolfo José Cabanillas, avanzó con la investigación. En su acusación puntualizó que la toma se enmarcó en “promesas propias de una campaña electoral efectuada por ambos imputados -uno en el rol de intendente y otro en el papel de candidato a sucederlo en la intendencia por el mismo partido político Juntos por Santa Catalina-, a fin de acaparar votos”, según informó el sitio Fiscales.gob.ar, de la Procuración General de la Nación.
Unos 150 vecinos alertaron la situación y realizaron la denuncia. Al ver que sus vecinos denunciaban, el propio intendente también radicó una denuncia. Se le volvió todo en contra.
Según la acusación del fiscal, entre el 29 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023, “el entonces intendente Negro y su estrecho colaborador Alaniz determinaron a Alan Iván Báez, Fernando Gabriel Romano y su pareja Mayra Desireé Garretón -las otras tres personas acusadas por la fiscalía en este proceso- y a otros individuos no identificados a usurpar terrenos del Estado nacional”.
En detalle, el fiscal asegura que el intendente y su candidato informaron a esas personas sobre la existencia de los terrenos, la posibilidad de ocuparlos y de obtener la conexión del servicio de electricidad para que pudieran construir unas precarias viviendas.
Pero, además, la fiscalía sostiene que Romano, acusado de liderar la toma, obtuvo el certificado apto de la instalación eléctrica exigido por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSep) que le gestionó el propio intendente con su firma.
“Se reunió con Negro para gestionar la conexión del servicio eléctrico en el terreno ocupado. Ese mismo día, el jefe comunal confeccionó un documento dirigido a los directivos del ERSeP en el que solicitó a la prestadora que conceda autorización a la Cooperativa de Electricidad, Viviendas, Obras y Servicios Públicos de Santa Catalina Limitada para la conexión del servicio eléctrico en carácter de usuario precario para las viviendas asentadas en el predio perteneciente al Ferrocarril”, aseguran en Fiscales.gob.ar.
Remarcan que el propio Negro adjuntó a su presentación la copia del DNI de Romano, a quien señaló como propietario de esas viviendas. Y además, el fiscal documentó el uso de camiones identificados con la señalética del Municipio de Holmberg para el traslado de escombros al predio usurpado, como comprobó en un allanamiento.
Cabanillas calificó que la denuncia del intendente “sólo se produce luego de movilizada una gran cantidad de vecinos de Holmberg para denunciar lo que sucedía, la existencia de cobertura mediática del caso, y de iniciadas actuaciones judiciales”.
Y aseguró que Alaniz fue el instigador. Lo acreditó a través de testimonios, del entrecruzamiento de llamadas telefónicas y de audios en los que se lo menciona como el principal responsable de “regalar terrenos” en campaña.
El fiscal también indicó la existencia de un video registrado donde se puede ver a Alaniz recibiendo a los ocupantes de los terrenos, a quienes les promete la instalación de servicios públicos tras la celebración de las elecciones en caso de resultar ganador, algo que o sucedió.
Ahora, “Minino” Negro y su ex socio político enfrentan la posibilidad de una pena de tres años. El proceso abreviado del juicio correccional federal arrancará este jueves en el juzgado federal de Bell Ville. Consultado por Clarín, Negro adelantó que prefiere hablar una vez que termine el proceso judicial.
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