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Desde Argentina, es indispensable mirar Brasil. No sólo porque allí se juega el futuro del país que es nuestro principal socio comercial, ni porque concentra cerca de la mitad del territorio, la población y el PBI sudamericano, sino porque la forma en que Washington interviene puede anticipar otras elecciones de la región, incluida la argentina de 2027.

La Argentina ya tuvo un anticipo. Antes de las legislativas de 2025, el Tesoro de Scott Bessent abrió un swap por US$20.000 millones, compró pesos y Donald Trump condicionó públicamente la continuidad del apoyo al resultado electoral. Tras la victoria oficialista, Trump reconoció que Javier Milei había tenido “mucha ayuda nuestra”. Bessent fue todavía más explícito: Estados Unidos había usado su propio balance para “estabilizar al gobierno” durante una elección.

Brasil ofrece ahora un caso más delicado. Estados Unidos ya había intervenido allí en 2022, aunque en sentido contrario: para contribuir a bloquear un intento de golpe.



Ante las señales de que Jair Bolsonaro planeaba desconocer una derrota, la administración Biden presionó sobre las Fuerzas Armadas. Ni más ni menos que el director de la CIA, el asesor de Seguridad Nacional y los secretarios de Estado y de Defensa transmitieron que una ruptura institucional aislaría a Brasil. Biden reconoció rápidamente la victoria de Lula.

El líder demócrata tenía un fantasma demasiado cercano: dos años antes había derrotado a Trump en una elección que el republicano se negó a reconocer y cuya impugnación desembocó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Las advertencias estaban justificadas. La Justicia brasileña comprobó una trama para impedir la alternancia del poder: ataques contra las urnas, medidas de excepción discutidas con militares, uso del aparato estatal y un plan que contemplaba asesinar a Lula, Geraldo Alckmin y Alexandre de Moraes. Bolsonaro fue condenado en 2025 a 27 años y tres meses por delitos vinculados al intento de golpe, por intentar permanecer en el poder después de perder las elecciones.



Cuatro años después, con Trump, Washington cambió de lado.

En 2025, Estados Unidos convirtió la situación judicial de Bolsonaro en asunto primordial para justificar la embestida contra Brasil. Dispuso 40 puntos de aranceles, revocó visas y aplicó la Ley Magnitsky, que podía hacer tambalear el sistema financiero nacional. La carta de Trump anunciando el arancelazo hablaba de una “caza de brujas”. La presión fracasó: Bolsonaro fue condenado, las sanciones contra Moraes se levantaron y la economía brasileña no tambaleó.

Pero la ofensiva mutó. El centro dejó de ser la situación judicial de Jair Bolsonaro y pasó a ser la elección del 4 de octubre, donde uno de sus hijos es el principal candidato opositor.



En marzo, Flávio Bolsonaro pidió durante la CPAC que Washington monitoreara las elecciones y ejerciera “presión diplomática”. En mayo fue recibido por Trump en el Salón Oval y luego por Marco Rubio y J.D. Vance. También pidió que Estados Unidos clasificara al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas.

Esa clasificación amplía la capacidad de Washington para imponer sanciones y reivindicar acciones extraterritoriales dentro de Brasil. Washington terminó adoptando esa medida y Flávio lo presentó como un triunfo propio.

En junio apareció una confirmación judicial difícil de reducir a una denuncia partidaria: el Supremo condenó a Eduardo Bolsonaro por haber buscado la interferencia de la administración Trump para obtener sanciones contra autoridades brasileñas y medidas económicas contra su propio país. Al día siguiente, el Departamento de Estado calificó la condena como “persecución” y lawfare.



Trump también entró en la campaña. Dijo que la situación brasileña se había vuelto “peligrosa” y habló de los Bolsonaro y de las encuestas. Lula le respondió que podía preferir a quien quisiera, pero que no debía meterse en las elecciones.

En julio de 2026, Flávio hizo lobby en Washington para postergar nuevos aranceles hasta después de las elecciones porque aplicarlos antes podía beneficiar a Lula, quien ya había crecido en las encuestas el año pasado gracias al arancelazo de Trump. Un candidato presidencial discutía así con una potencia extranjera no sólo qué medidas adoptar contra su propio país, sino cuándo convenía aplicarlas.

Al mismo tiempo regresó el ataque contra las urnas. Flávio Bolsonaro retomó sospechas instaladas por su padre. Sin embargo, no existe evidencia de fraude capaz de alterar un resultado electoral en Brasil: el sistema contempla auditorías, pruebas públicas de integridad y fiscalización nacional e internacional.



En ese contexto ocurrió probablemente el episodio más grave. Dos funcionarios del Departamento de Estado, Riley Barnes y Samuel Samson, pidieron entrar a Brasil para una misión sobre “integridad electoral”. Brasil les negó las visas, interpretando la misión como preparación para cuestionar el sistema si el resultado era adverso al bolsonarismo. Washington lo negó, pero la propia embajada había informado que ambos también querían reunirse con Flávio Bolsonaro.

La escalada siguió por la vía diplomática. Trump designó como candidato a embajador a Daniel Perez, cercano a Rubio. Perez señaló las elecciones de Brasil entre sus prioridades. 

Washington utilizó una supuesta demora del agrément como excusa para retirar a la embajadora brasileña Maria Luiza Viotti su visa de entradas múltiples: si sale de Estados Unidos, no puede volver sin un nuevo visado. Brasil llevaba poco más de un mes analizando el pedido y la Convención de Viena no fija un plazo obligatorio. La explicación resulta difícil de separar del contexto de presión política.



El patrón excede a Brasil. En Honduras, Trump respaldó a Nasry Asfura y amenazó con cortar la ayuda si perdía. En Argentina, Bessent sintetizó la lógica: Washington usó su capacidad financiera para sostener a un gobierno aliado durante una elección. Sobran otros ejemplos en la misma línea que podrían ser listados.

Brasil llega ahora a octubre con una elección competitiva y una preocupación concreta. Dirigentes del PT sostienen que el bolsonarismo está construyendo anticipadamente una narrativa para desconocer una eventual derrota. Fuentes del Planalto transmitieron una preocupación similar: hay antecedentes para pensar que, ante un resultado adverso, el bolsonarismo intente deslegitimarlo y sectores del trumpismo se plieguen a esa estrategia.

La diferencia con 2022 es enorme. Entonces Washington, con Biden y el fantasma de Trump desconociendo las elecciones de 2020 todavía fresco, utilizó su influencia para que las Fuerzas Armadas de Brasil respetaran las urnas. Hoy sectores importantes de la administración estadounidense mantienen vínculos privilegiados con el bolsonarismo y contribuyen a instalar sospechas sobre un sistema electoral respecto del cual no existe evidencia de fraude capaz de alterar resultados.



Fuentes de Itamaraty leen la reciente conversación telefónica de 80 minutos entre Lula y Trump como una señal positiva. Pero recuerdan que acercamientos anteriores fueron seguidos por nuevas ofensivas y observan con inquietud el margen de autonomía de Marco Rubio para prolongar las hostilidades, incluso cuando Trump ensaya una distensión o hace concesiones. El dato central permanece: aranceles, sanciones, visas y presión diplomática se cruzan con los intereses electorales de la derecha brasileña.

Por eso Brasil importa mucho más allá de Brasil.

El embate de Washington no ofrece un libreto que vaya a trasladarse literalmente a la Argentina. Las lógicas son distintas: Brasil es una potencia regional con mayores márgenes de autonomía y resistencia, con un gobierno determinado a defender su soberanía;  Argentina presenta una subordinación absoluta y una vulnerabilidad financiera en donde Washington tiene un poder decisivo.



El valor reside en mostrar la intensidad, la capacidad y la voluntad de injerencia de Washington.

La Argentina ya vio en 2025 qué ocurre cuando los intereses de la Casa Blanca coinciden con los de un gobierno local. Brasil muestra ahora el fenómeno inverso: qué ocurre cuando Washington enfrenta la posible derrota de sus aliados.

Lo que sucede allí anticipa el tipo de presión que Washington podría ejercer tanto para favorecer a Milei y perjudicar a la oposición en 2027 como para condicionar a un futuro gobierno argentino que no se pliegue a los designios de la Casa Blanca.



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Crédito de la fuente original: eleconomista.com.ar