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Suecia votó el domingo y el jueves llegó el conteo definitivo. El bloque de izquierda que lleva a Magdalena Andersson como candidata a primera ministra se quedó con 176 bancas contra 173 del oficialismo, en un Parlamento de 349, con menos de cincuenta mil votos de diferencia. Ulf Kristersson, primer ministro y candidato del bloque de derecha, presentó su renuncia apenas se publicaron los números.

Debajo del empate hay algo más interesante. Los Demócratas de Suecia, la derecha nacionalista que en 2022 había sido el segundo partido con 20,5% de los votos, cayeron al 17,6% y quedaron terceros, detrás de los Moderados de derecha. Los socialdemócratas, por su parte, rozaron su piso histórico con 28,1%. Aun así, el bloque de izquierda puede ganar porque crecieron los Verdes y los centristas.

Durante medio siglo, el país fue el oasis de la socialdemocracia europea, el ejemplo citado en todo el mundo para demostrar que un Estado grande y una sociedad próspera podían convivir. Pero pocos señalan que, durante las últimas tres décadas, el modelo se desplazó lentamente y sin grandes rupturas hacia algunas de las políticas más orientadas al mercado y más restrictivas en materia migratoria de Europa: privatización de la educación y parte de la salud, apertura económica, disciplina fiscal y mano dura.



Nada de eso estuvo realmente en discusión el domingo. El bloque de izquierda no propone volver atrás. El país que la izquierda utiliza durante décadas como modelo funciona desde hace años con vouchers escolares, prestadores privados de salud, restricciones a la migración y un mercado de capitales extraordinariamente desarrollado. Suecia lo hizo sin una Thatcher, sin una ruptura política y sin un plebiscito.

El giro empezó con la crisis de 1991. Estalló una burbuja inmobiliaria, el banco central llevó la tasa de interés de un día al 500% para defender una corona que terminó devaluándose igual, el desempleo saltó del 3% al 10% y la deuda pública llegó al 70% del producto. De aquella crisis surgió buena parte del andamiaje que todavía define a la economía sueca: una reforma tributaria, un marco fiscal con techo de gasto, cuentas nocionales para las jubilaciones y el voucher escolar.

Magdalena Andersson



Hoy, casi uno de cada cinco alumnos suecos estudia en escuelas privadas financiadas íntegramente con fondos públicos. En la educación secundaria superior, cuatro de cada diez colegios pertenecen a sociedades anónimas que pueden repartir dividendos, algunas de ellas cotizantes en la Bolsa de Estocolmo. En salud rige la libre elección de prestador, con clínicas privadas que operan dentro del sistema de financiamiento público. Cientos de miles de suecos pagan además una póliza privada para evitar las listas de espera.

El sistema tributario también cambió. La alícuota máxima del impuesto a las ganancias cayó desde casi 90% a poco más del 50%. El impuesto a la herencia fue eliminado en 2004 y el patrimonial en 2007. El gasto social público equivale hoy a alrededor del 24% del producto, cerca del 23% estadounidense y bastante por debajo del el 31% francés. Una parte importante de estos cambios fue votada, mantenida o profundizada por gobiernos socialdemócratas.

El mercado de capitales siguió el mismo camino. En la última década se listaron en Estocolmo más de quinientas compañías, más que en Francia, Alemania, Países Bajos y España sumadas. La capitalización bursátil ronda el 159% del PIB. Las aseguradoras suecas tienen cerca de la mitad de sus activos en acciones locales, mientras que las británicas apenas el 4%. El sistema previsional también invierte en el mercado y hoy, por primera vez desde que hay registro, los hogares suecos tienen más riqueza en acciones que en propiedades.



• El resultado es una economía donde el Estado sigue siendo grande, pero el mercado tiene un peso que sorprendería a buena parte de quienes todavía utilizan a Suecia como sinónimo de socialdemocracia. Un país de apenas diez millones de habitantes produjo Spotify, Skype y Klarna.

La deuda pública cerró 2025 en 35% del PIB, frente al 82% de la UE, y los intereses cuestan apenas 0,6% del PBI. En Francia superan el 2%. La tasa de empleo supera el 80%, una de las más altas de Europa. Suecia cerró con superávit cinco de los últimos diez ejercicios, pandemia incluida, mientras Francia no registra uno desde 1974.

La misma lógica se aplica a las jubilaciones. La edad de referencia es de 67 años y está vinculada a la esperanza de vida: aumenta automáticamente a medida que vive más la población, sin necesidad de una nueva ley cada vez. Francia intentó aumentar la edad jubilatoria y terminó pagando un enorme costo político.



Kristersson deja, además, un país más seguro. En 2022 hubo 391 tiroteos y 62 muertos, más de un asesinato con arma de fuego por semana en un país de diez millones de habitantes. Las bandas reclutaban a chicos de catorce años y les pagaban para matar o colocar bombas aprovechando que los menores de quince años no tenían responsabilidad penal.

Hoy la situación es muy distinta. Hasta agosto de este año hubo 48 tiroteos y 12 muertos. Los disparos cayeron 80% desde el pico de 2022 y los homicidios llegaron en 2025 al nivel más bajo desde 2012. En mayo no hubo un solo tiroteo en todo el país. Los diarios lo llevaron a sus tapas, una señal de hasta qué punto lo extraordinario se había convertido en noticia.

La política migratoria recorrió un camino parecido. En 2025 hubo 6.735 pedidos de asilo, el nivel más bajo desde 1985 y 60% menos que en 2022. Por segundo año consecutivo emigró más gente de la que llegó, algo que no ocurría desde los años setenta. El Parlamento endureció los requisitos para obtener la ciudadanía y elevó a 350.000 coronas, unos 34.000 dólares, el incentivo para quienes acepten regresar voluntariamente a sus países de origen. La izquierda no propone deshacer ese giro. Al contrario: insiste en que una política migratoria estricta llegó para quedarse y reivindica que el propio Partido Socialdemócrata comenzó a endurecerla en 2015.



Además, el oficialismo había llegado a la elección dejando una economía con resultados difíciles de cuestionar. El PBI creció 1,6% en el segundo trimestre y 3,2% interanual. La inflación es de apenas 0,7% y los salarios avanzan 3,5% y una hipoteca se paga a una tasa cercana al 2,8%, alrededor de un punto porcentual menos que en Alemania.

Pero hay una paradoja. El gobierno que resolvió los problemas por los cuales fue elegido perdió la elección. Y los que más claramente perdieron son los Demócratas de Suecia. Durante años, la inmigración fue su principal bandera. Ahora los partidos tradicionales adoptaron buena parte de sus posiciones y les quitaron el monopolio sobre el tema.

Suecia es hoy probablemente uno de los países más capitalistas y pragmáticos de Europa. No porque haya abandonado el Estado de bienestar, sino porque dejó de tratarlo como una doctrina inmutable. Cambió cuando la evidencia mostró que el modelo anterior ya no funcionaba. Gobiernos de izquierda y de derecha estuvieron dispuestos a reconocer problemas y, sobre todo, ninguno tuvo incentivos para deshacer completamente las reformas del anterior.



Por esto, con la izquierda que vuelve al poder, Suecia no volverá al país de los años ’70. El gobierno cambiará, pero el modelo permanecerá. Después de décadas de reformas, la izquierda sueca ya no representa una alternativa al modelo económico del país: representa una de las fuerzas políticas que ayudaron a construirlo.

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Crédito de la fuente original: eleconomista.com.ar