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La organización Human Rights Watch alertó este lunes sobre el proyecto de ley de lobby que impulsa el Gobierno en el Congreso y denunció que tal como está formulado podría restringir la libertad de asociación y expresión e imponer “cargas irrazonables” y “riesgos legales serios” a las organizaciones independientes de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil.

“El Congreso debería corregir las disposiciones excesivamente amplias del proyecto de ley para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer su trabajo sin restricciones indebidas”, advirtió Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

El proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocida como Ley de Lobby, fue presentado el mes pasado al Congreso y busca regular la actividad en la Argentina y, según los argumentos del Gobierno, fomentar la “confianza de los ciudadanos para con sus autoridades”.

El lobby es una práctica a través de la cual organizaciones, empresas o actores sociales buscan influir sobre funcionarios del ejecutivo o del legislativo para crear, modificar o derogar normas que impactan de alguna manera en el sector que representan. En varios países como Estados Unidos o Canadá, es una actividad que está autorizada y limitada por ley.

Según el documento enviado por el Gobierno a la Cámara de Diputados, el objetivo del proyecto es “establecer los requisitos y procedimientos que rigen las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas o procesos decisorios en el ámbito del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.

El Gobierno pide la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses y de otro de Gestión de Intereses. El primero es para que se consignen las personas que contactarán a los funcionarios y el segundo es para dejar constancia de los contactos específicos entre los funcionarios y los lobbystas.

Según un comunicado difundido este lunes en Washington, la organización Human Rights Watch alertó que, si bien el proyecto de ley busca promover la transparencia e integridad, tal como está diseñado “impondría nuevas cargas administrativas y riesgos legales tan serios” que, en la práctica, “impedirían que muchos grupos de la sociedad civil participen en el proceso de formulación de políticas públicas”.

“Es valioso que el Gobierno quiera regular y garantizar la transparencia en torno a las actividades de lobby, pero debe asegurar los derechos de la población y de las organizaciones de la sociedad civil a incidir en políticas públicas”, señaló Goebertus.

El proyecto de ley, que actualmente está en la Comisión de Asuntos Constitucionales, prohibiría toda comunicación destinada a influir en las políticas gubernamentales, a menos que las entidades y las personas involucradas se registren primero como lobbistas y presenten, de manera rápida y detallada, informes sobre cada contacto y comunicación que mantengan.

“La inscripción en el registro no sería automática ni estaría garantizada. Por el contrario, las autoridades a cargo del registro, que operarían bajo la órbita del Poder Ejecutivo, podrían rechazar la inscripción, por ejemplo, si consideran que no es “compatible” con el objeto social registrado de la organización”, advirtió Human Rights Watch.

“Las autoridades también podrían suspender o cancelar la inscripción por incumplimientos de la ley. Por ejemplo, por no informar acerca de reuniones con la debida rapidez. Esto permitiría a las autoridades del Poder Ejecutivo impedir arbitrariamente que grupos de la sociedad civil participen en actividades de incidencia”, señaló la organización.

HRW también afirmó que el proyecto exigiría que las personas u organizaciones registradas informen detalladamente sobre cada reunión o “contacto” que tengan con las autoridades públicas en un plazo de cinco días.

“Es muy probable que a las organizaciones de la sociedad civil les resulte más difícil que a los grupos empresariales hacer frente a estas cargas administrativas. Con ello, se corre el riesgo de inclinar la balanza de tal manera que, en última instancia, los grupos de interés con grandes recursos económicos aumenten su acceso al Gobierno y al Congreso y las organizaciones de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil lo disminuyan”, señaló Human Rights Watch.

Por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Argentina está obligada a respetar los derechos a la libertad de asociación y de expresión. “Cualquier restricción a estos derechos debe estar claramente definida, y ser necesaria y proporcional para alcanzar un fin legítimo, como la protección de los derechos de terceros”, afirmó la organización.

Y advirtió: “Tal como está redactado, el proyecto de ley no tiene en cuenta estas obligaciones de derechos humanos e incluso otorgaría al Poder Ejecutivo facultades excesivas para sancionar a las organizaciones de la sociedad civil que buscan mejorar la respuesta gubernamental ante hechos de corrupción y violaciones de derechos”.

El proyecto prevé dos años de prisión para cualquier persona que realice lobby sin previa inscripción en el registro y hasta tres años para quien lleve a cabo una “representación clandestina de intereses extranjeros”.

Las observaciones de HRW van en línea con otras críticas que recibió el proyecto de parte de cámaras y distintas asociaciones civiles que se presentaron ante el Congreso como Amcham, Poder Ciudadano, Fopea, ACIJ, Directorio legislativo, entre otras: si bien se mostraron en líneas generales a favor de una ley que regule el lobby, fueron críticos del proyecto oficial y exigieron cambios.

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