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La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que se investigue al intendente de Pilar, Federico Achaval, por haber intentado quedarse en forma ilegal con el predio de esa ciudad que funcionó como vacunatorio durante la pandemia del Coronavirus (Covid-19).
La decisión revocó el archivo del caso que había dispuesto el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay.
Lo dispuso la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hizo lugar al recurso presentado por Mateo Corvo Dolcet, de la firma Pilar Bicentenario SA, propietaria del predio ubicado sobre la Panamericana. Corvo Dolcet denuncia una maniobra para quedarse con el predio.
El mes pasado el vacunatorio fue abandonado y vandalizado. Dentro del terreno se encontraron restos de medicamentos, insumos médicos, vacunas, material descartable, camillas y mobiliario; entre otros.
Al intendente K, Corbo Dolcet, lo acusa de:
-Retener el inmueble después de revocada la custodia legal, e invocar un derecho de posesión incompatible con su condición de custodio.
-Realizar obras sin autorización, que habrían alterado la estructura del edificio y afectado el proyecto de un Centro de Transferencia de Pasajeros.
-Incumplir el pago de impuestos y otras obligaciones asumidas, generando deudas que derivaron en una ejecución fiscal y un embargo del predio.
-La posible vinculación de esa ocupación con una maniobra expropiatoria, mediante una ley que, según la querella, fue promovida con fundamentos falsos y cuya aplicación estaba suspendida. Ese aspecto se relaciona con otra causa que involucra a Jorge D’Onofrio por haber impulsado la ley de expropiación.
-Alterar el inmueble, incluida su pintura con simbología partidaria, dentro del conjunto de incumplimientos denunciados.
Los restos de lo que supo ser el vacunatorio más grande de la provincia de Buenos Aires, de varias hectáreas junto a la Panamericana, donde se construyeron cocheras y un centro comercial, están siendo investigados por un fiscal provincial.
De esta manera se revocó el archivo del caso que había dispuesto González Charvay, y que después fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
La causa se originó a partir de una presentación de Mateo Corvo Dolcet, presidente de Pilar Bicentenario SA, realizada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
Mientras Corvo Dolcet era investigado por el presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, la Justicia cedió temporariamente el predio a la municipalidad, con intervención de la AABE. Cuando Corvo Dolcet fue sobreseído de la investigación intentó recuperar el predio y se encontró con el estado de abandono que había dejado la Municipalidad de Pilar.
El presidente de la firma Pilar Bicentenario SA también es querellante en otra causa, que tramita ante la justicia federal de La Plata, en la cual se investiga la expropiación del predio, a raíz de la sanción de la ley provincial N°15.239, en diciembre de 2020.
Según Corvo Dolcet: “realizaron obras sin autorización ni control técnico conocido; retuvo el inmueble luego de revocada la custodia; la autoridad invocó una intervención de título incompatible con la tenencia que había recibido; se benefició con una ley de expropiación promovida mediante falsedades y actualmente suspendida; y, producto de todo ello, afectó un proceso cautelar federal, la materialización de donaciones ya aceptadas por el Estado Nacional, la ejecución de un proyecto de transporte de interés público nacional, la propiedad de PBSA y su proceso concursal”.
El presidente de Pilar Bicentenario SA dijo que el archivo de la causa era “arbitrario y prematuro porque fue dispuesto sin realizar medida alguna”, luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación anulara las decisiones que le negaron actuar como parte querellante.
Además, cuestionó los fallos de González Charvay y la Cámara de San Martín porque, a su entender, habían recortado y descontextualizado los hechos denunciados, al considerarlos meros incumplimientos contractuales. A su entender, obstruyó la posibilidad de producir pruebas con el propósito de acreditar su hipótesis.
Charvay es el mismo juez que dictó el polémico sobreseimiento del entorno del tesorero la Asociación del Fútbol argentino (AFA), Pablo Ariel Toviggino, y sociedades vinculadas. El magistrado se fundamentó en una desestimación del juez de Santiago del Estero, Argibay, y la convirtió en un sobreseeimiento sin investigar nada.
En paralelo, consolidó su juzgado como el eje central de las investigaciones patrimoniales sobre la AFA. Tras la ratificación de la Cámara de Casación para mantener en Campana la causa por la “Mansión de Pilar”, el juez solicitó la inhibición de juzgados de Capital Federal y Lomas de Zamora para unificar en su despacho los expedientes que indagan presuntos desvíos de fondos y maniobras con sociedades en el exterior.
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