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El fiscal federal Gabriel Pérez Barberá pidió este lunes condenas de entre 6 y 8 años y medio de prisión para empresarios, despachantes y operadores aduaneros acusados de integrar una organización que durante meses importó mercadería textil desde China haciéndola pasar por carbonato de calcio para pagar aranceles mínimos y evitar controles aduaneros.
Se trata del primer gran juicio oral derivado de las investigaciones conocidas como la “Mafia de los Contenedores”, descubiertas durante la gestión del militar retirado Juan José Gómez Centurión al frente de la Aduana. En este caso, el estado tuvo un perjuicio de 18 millones de dólares.
El expediente, conocido como “TT Cargo”, es considerado una causa testigo porque otros expedientes vinculados a las mismas maniobras llevan años demorados en los tribunales en lo Penal Económico, un fuero afectado por vacantes y demoras estructurales.
En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico, Pérez Barberá sostuvo que existió una “organización coordinada”, con “roles diferenciados” y un “doble circuito documental deliberado” para concretar el contrabando agravado.
La maniobra investigada se desarrolló entre agosto de 2015 y enero de 2016 y comprende 31 hechos consumados y un intento frustrado tras la intercepción de un contenedor en el puerto.
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Según la acusación, la operatoria comenzaba en China. Allí, la carga real -rollos de tela y prendas de vestir- figuraba correctamente en los documentos marítimos originales conocidos como “Master Bill of Lading” (MBL). Pero luego, al confeccionarse la documentación utilizada en la Argentina, especialmente los “House Bill of Lading” (HBL) y los formularios aduaneros, la mercadería era declarada falsamente como carbonato de calcio.
La diferencia económica era gigantesca. Mientras un cargamento textil debía tributar cerca de 600 mil dólares entre valor y aranceles, el carbonato de calcio apenas generaba unos 3 mil dólares de impuestos.
De acuerdo con la fiscalía, el perjuicio total superó los 18 millones de dólares en menos de seis meses.
La investigación comenzó cuando la Aduana detectó inconsistencias en pesos, tipos de mercadería y patrones repetidos en distintos embarques. A partir de esas sospechas, se decidió una medida inusual: interceptar físicamente un contenedor y abrirlo en el puerto.
El resultado confirmó las sospechas del fiscal.
Aunque el cargamento había sido declarado como carbonato de calcio, en el interior se hallaron 415 bultos con 80.554 prendas de vestirr. Para la fiscalía, ese episodio permitió demostrar la mecánica utilizada también en los otros 31 contenedores que ya habían ingresado al país.
En esos embarques, según la acusación, se introducían en promedio 2.500 rollos de tela por contenedor, equivalentes a unos 25 mil kilos de mercadería textil.
Entre las pruebas centrales figuran correos electrónicos con instrucciones para modificar documentos de embarque, diferencias entre los conocimientos de embarque madre y los emitidos en la Argentina, además de documentación secuestrada en allanamientos realizados por Gendarmería, la Aduana y el Juzgado Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola, con intervención de la fiscalía de Pablo Turano.
La causa es un desprendimiento del expediente principal “529/2016”, investigado por el juez Marcelo Aguinsky junto a la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la PROCELAC.
Pérez Barberá pidió las siguientes condenas:
Walter Moglianesi: 8 años y 6 meses de prisión como coautor de 31 hechos de contrabando agravado consumados y uno en grado de tentativa.
Jorge Carlos Fano: 8 años de prisión.
José María Zaragoza: 7 años y 6 meses.
Miguel Ángel Elnen: 7 años.
Eduardo Joaquín Urraco: 6 años.
Alejandra Beatriz Delgado: 6 años.
Hernán Gabriel Petitmangin, Stella Maris Delía, Osvaldo José Lemos y Alba Alicia Cetrini: 6 años para cada uno.
María José Zaragoza y María Gimena Zaragoza: 5 años y 6 meses.
Además, el fiscal solicitó el retiro de la personería jurídica y la cancelación de la inscripción comercial de las firmas TT Cargo SA y Cuiper SA, señaladas como piezas centrales de la operatoria.
La acusación remarcó que las penas deben ser de cumplimiento efectivo debido a la “sistematicidad”, “sofisticación” e “impacto económico” de las maniobras.
Sin embargo, Pérez Barberá también advirtió sobre un problema estructural del sistema judicial: la demora para lograr sentencias firmes y ejecutar las condenas económicas.
Según sostuvo en su alegato, las multas millonarias previstas en este tipo de delitos dependen luego de la actuación de la Aduana y muchas veces “quedan en la nada”. Por eso pidió al tribunal un control estricto para asegurar su aplicación.
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