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Después de 53 años, el diario Expreso dejó de circular en papel y denunció una serie de acciones estatales que comprometieron su supervivencia económica. Investigaciones tributarias, intervenciones administrativas y la pérdida de anunciantes reabrieron el debate sobre los mecanismos utilizados para condicionar al periodismo independiente durante el gobierno de Daniel Noboa.
Durante más de medio siglo, el diario Expreso fue parte de la vida cotidiana de Guayaquil y uno de los principales referentes del periodismo ecuatoriano. Sus páginas acompañaron transformaciones políticas, crisis económicas y acontecimientos que marcaron la historia del país. Sin embargo, este viernes 9 de octubre, después de 53 años de circulación, su edición impresa llegó a su fin en medio de denuncias de presiones estatales y dificultades económicas.
La desaparición del periódico en papel representa mucho más que un cambio de formato. Para sus directivos, periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, constituye una señal de alarma sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo crítico en Ecuador.
La situación de Expreso muestra cómo los procedimientos administrativos, las investigaciones judiciales y las presiones económicas denunciadas por sus responsables pueden terminar comprometiendo la continuidad de una empresa periodística, incluso cuando formalmente conserva su derecho a publicar.
El final de una etapa para el periodismo ecuatoriano
Fundado en 1973 por Galo Martínez Merchán, Expreso se consolidó como uno de los periódicos de mayor trayectoria de Ecuador. Su última edición impresa incluyó una fotografía de la rotativa acompañada por una frase que sintetizó el momento: “La última rodada”.
La portada también expresó la posición de la empresa frente al proceso que desembocó en el cierre: “Expreso abandona el papel, orillado por el acoso estatal”.
La publicación continuará funcionando a través de sus plataformas digitales, aunque con una estructura más reducida y un número de trabajadores que todavía debe definirse.
Carlos Martínez, director del medio, explicó que la decisión respondió a la necesidad de preservar la continuidad de la empresa después de un período de dificultades financieras.
Según denunció, la pérdida de publicidad, las actuaciones de organismos estatales y los procesos judiciales terminaron por hacer insostenible el funcionamiento de la edición impresa.
El directivo aseguró que numerosos anunciantes abandonaron el periódico después de recibir presiones para dejar de contratar espacios publicitarios. También denunció hostigamiento contra distribuidores y la necesidad de destinar recursos económicos a la defensa de la compañía.
“Un diario impreso vive de la publicidad; sin ella, no puede sostenerse”, sostuvo Martínez al explicar las razones de la decisión.
Las investigaciones que precedieron al conflicto
Las tensiones entre Expreso y el gobierno del presidente Daniel Noboa se intensificaron después de una serie de investigaciones periodísticas sobre asuntos sensibles para la administración nacional.
En agosto de 2025, el periódico publicó Los dueños de la salud, un trabajo que examinó los intereses económicos relacionados con la crisis del sistema sanitario ecuatoriano.
La investigación abordó los negocios vinculados con hospitales, proveedores y servicios de salud en un contexto marcado por denuncias de pacientes que enfrentaban dificultades para conseguir medicamentos y acceder a tratamientos.
Poco después, la empresa editora Gráficos Nacionales S. A. (Granasa) comenzó a enfrentar actuaciones tributarias e investigaciones por presuntas irregularidades financieras.
Entre ellas se encuentra una investigación de la Fiscalía por supuesto lavado de activos, acusación que la compañía rechaza.
La existencia de investigaciones fiscales o tributarias no constituye, por sí misma, una vulneración de la libertad de prensa. Sin embargo, el cuestionamiento de los directivos se concentra en el presunto uso selectivo de estos mecanismos y en las consecuencias que, según denuncian, tuvieron sobre el funcionamiento del periódico.
En este punto aparece una de las principales preocupaciones de las organizaciones periodísticas: que las facultades de fiscalización del Estado puedan convertirse en instrumentos de presión cuando recaen sobre medios que investigan al poder político.
Una intervención estatal que profundizó la crisis
En febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías dispuso la intervención de Granasa a partir de un pedido de Inmobiliar, una entidad pública vinculada con la Presidencia de Ecuador.
El organismo estatal fundamentó su intervención en derechos derivados de una participación accionaria del 2,56% en la empresa, correspondiente a acciones que habían sido incautadas durante el gobierno de Rafael Correa.
Desde el Gobierno se sostuvo que esa condición de accionista habilitaba mecanismos de supervisión sobre la situación económica y financiera de la compañía.
La dirección de Expreso, en cambio, cuestionó la legalidad y proporcionalidad de la medida, al considerar que una participación accionaria minoritaria no justificaba semejante grado de intervención administrativa.
La empresa también denunció cuestionamientos oficiales sobre un traspaso accionario realizado años atrás, que involucraría aproximadamente el 40% de sus acciones.
Mientras avanzaban estas actuaciones, el periódico experimentó una fuerte caída de sus ingresos.
Según los datos proporcionados por Granasa, la pérdida de publicidad alcanzó aproximadamente el 70%, a lo que se sumó la retirada de clientes que contrataban servicios de impresión comercial.
Su presidente ejecutivo, Galo Martínez Leisker, aseguró que empresarios le habían manifestado temor a sufrir inspecciones tributarias o investigaciones financieras si continuaban anunciando en el medio.
Estas acusaciones no han sido acreditadas mediante una resolución judicial definitiva, pero constituyen el núcleo de las denuncias sobre el presunto hostigamiento estatal.
Cuando la presión económica puede reemplazar a la censura
La situación de Expreso permite observar una modalidad de presión sobre los medios que no necesariamente implica clausuras, prohibiciones de publicación o censura previa.
En estos casos, el condicionamiento puede producirse a través del deterioro de las condiciones económicas necesarias para sostener una redacción.
Un periódico necesita ingresos para pagar salarios, mantener instalaciones, financiar investigaciones y distribuir sus publicaciones. Cuando esas fuentes de financiamiento desaparecen, su capacidad para continuar funcionando se reduce.
La dirección de Expreso sostiene que ese fue el resultado de las presiones denunciadas contra anunciantes, distribuidores y clientes comerciales.
El problema adquiere una dimensión institucional cuando las dificultades económicas son atribuidas a acciones de organismos públicos y no solamente a transformaciones del mercado periodístico.
La diferencia es fundamental: el cierre de una edición impresa por pérdida de lectores o cambios tecnológicos no es equivalente a un cierre provocado por eventuales represalias políticas.
En el caso ecuatoriano, determinar las responsabilidades concretas requiere examinar las actuaciones estatales, las pruebas aportadas por la empresa y las explicaciones de los organismos involucrados.
No obstante, el efecto inmediato es verificable: un periódico histórico dejó de circular en papel y deberá reducir su estructura para continuar publicando.
Organizaciones internacionales advierten sobre la libertad de prensa
Las denuncias de Expreso generaron preocupación entre entidades dedicadas a la defensa del periodismo y la libertad de expresión.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a las autoridades ecuatorianas que cesen las acciones de hostigamiento contra medios y periodistas críticos.
También se pronunciaron Fundamedios y la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que cuestionaron la intervención administrativa y advirtieron sobre los riesgos de utilizar organismos de control como herramientas de presión.
Estas organizaciones sostienen que las investigaciones y medidas estatales deben respetar garantías legales y no pueden transformarse en mecanismos de represalia frente a publicaciones incómodas para el poder.
La preocupación no se limita a la continuidad de una empresa privada. La reducción de los espacios periodísticos independientes también puede afectar el acceso de la ciudadanía a investigaciones, denuncias y perspectivas diferentes de las versiones oficiales.
En una democracia, la posibilidad de investigar al Gobierno sin sufrir represalias constituye una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión.
Otros antecedentes de tensión con periodistas
El conflicto con Expreso no es el único episodio que ha generado cuestionamientos sobre la relación entre el gobierno de Noboa y determinados sectores de la prensa ecuatoriana.
En 2024 dejó de emitirse Los Irreverentes, un programa de análisis político del canal RTU. Una de sus conductoras, María Sol Borja, atribuyó la situación a presiones gubernamentales.
En junio de 2026, el periodista de Ecuavisa Hernán Higuera decidió apartarse de una investigación relacionada con el caso Progen, vinculado con la contratación de generadores eléctricos durante la emergencia energética.
Su decisión se produjo después de que su esposa fuera desvinculada de un cargo público y su hijo perdiera una plaza de internado médico. El episodio generó cuestionamientos sobre posibles consecuencias personales y familiares para quienes investigan asuntos sensibles.
Estos antecedentes no demuestran por sí solos la existencia de una política estatal coordinada contra los medios, pero alimentan las advertencias sobre un clima de presión y vulnerabilidad para el periodismo de investigación.
Las tensiones también remiten a antecedentes históricos de Ecuador, especialmente durante la presidencia de Rafael Correa, cuando las disputas entre el Gobierno y diversos medios derivaron en conflictos judiciales, sanciones y fuertes cuestionamientos internacionales.
El futuro de Expreso y sus trabajadores
La empresa editora tiene prevista una Junta General de Accionistas para el próximo 13 de octubre, en la que se analizarán las medidas necesarias para reorganizar sus actividades.
Entre las alternativas consideradas se encuentra la venta de inmuebles para obtener fondos destinados al pago de obligaciones laborales, compromisos con proveedores y jubilaciones patronales.
Los directivos sostienen que necesitan superar las restricciones administrativas existentes para concretar esas operaciones.
Mientras tanto, Expreso continuará publicando en internet con una redacción más pequeña.
El editor general, Alfonso Albán, defendió el trabajo realizado por el periódico y recordó que cuestionar las decisiones gubernamentales forma parte de la responsabilidad de los medios.
“Criticar al Gobierno no convierte a un periódico en un partido de oposición”, expresó.
La afirmación sintetiza uno de los principales debates que deja este episodio: la diferencia entre ejercer el periodismo con una mirada crítica y participar de una disputa partidaria.
Con información de El País e Infobae
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