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El peso económico del proyecto 

Una evaluación encargada por el gobierno isleño calculó que un escenario de producción de 30.000 toneladas anuales podría aportar 35 millones de libras por año, una cifra equivalente al 11% del PBI local, y crear 133 puestos de trabajo.

Frente a esos beneficios potenciales, Salmon Free Falklands (SFF), una organización formada por residentes que se oponen al proyecto, reclama un referéndum. Sus integrantes aseguran que perdieron confianza en la consulta pública que comenzó el 7 de agosto y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre.

“Así será la gente la que podrá decidir qué ocurre en su propio país”, sostuvo Sally Poncet, integrante de SFF. Según afirmó, los informes encargados por el gobierno se apoyan en datos proporcionados por Unity Marine que no pueden verificarse. 

Poncet también sostuvo que existe “información insuficiente” sobre los efectos de la actividad y advirtió que los residuos de los salmones podrían perjudicar los bosques de algas, áreas de reproducción del calamar y hábitat de otras especies. 

Las dudas sobre el impacto ambiental 

Las críticas alcanzan también a la capacidad del ecosistema para soportar una explotación de esa magnitud. Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental de Tasmania y actual asesora de SFF, sostuvo que “la capacidad de carga todavía no fue determinada mediante un proceso científico riguroso”. 

Cherrie afirmó además que aún no fueron cuantificados los costos regulatorios ni los posibles impactos. “No es un análisis de costo-beneficio sobre el cual los habitantes de las Malvinas puedan tomar una decisión informada”, señaló. También cuestionó que los estudios no precisen cómo se eliminarían eventuales mortalidades masivas de peces en un territorio remoto. 

Tom Appleby, responsable de asuntos legales de la ONG Blue Marine Foundation, criticó por su parte que los informes presentados durante la consulta utilicen información primaria que, según sostuvo, no fue verificada de manera independiente. También cuestionó las numerosas advertencias incluidas en los documentos sobre las limitaciones de esos datos. 

La respuesta del gobierno y la empresa 

El gobierno isleño rechazó las objeciones y aseguró que “ni defiende ni se opone a la salmonicultura”. Explicó que los estudios encargados hasta ahora buscan analizar distintos escenarios y aportar elementos a la discusión pública, pero no constituyen evaluaciones ambientales definitivas ni autorizaciones para un proyecto específico. 

Las autoridades aclararon además que el informe sobre capacidad de carga fue encargado únicamente para mostrar cómo se aplicaría ese tipo de modelización a una eventual explotación y que no determina cuántos salmones podría soportar el ecosistema de las islas. Sobre los futuros costos regulatorios, señalaron que todavía “no pueden estimarse con precisión”. 

James Wallace, director gerente de Fortuna, remarcó que Unity Marine todavía no solicitó una licencia para operar y explicó que la compañía entregó un plan de negocios indicativo a pedido del gobierno. 

“Ahora estamos en ese proceso de investigación, con informes preliminares independientes publicados y consultas públicas en marcha”, sostuvo Wallace. También afirmó que cualquier decisión sobre la salmonicultura a gran escala debería incluir una evaluación ambiental robusta que permita establecer si los riesgos pueden reducirse y los beneficios previstos concretarse. 

La discusión también llegó a reuniones públicas 

Según informó el diario local Penguin News, dos consultores canadienses invitados por Unity Marine expusieron sobre la experiencia de British Columbia, donde existen granjas salmoneras.

Con información de BAE Negocios – Grupo Crónica.

Ante preguntas de residentes sobre contaminación, ruido, mamíferos marinos y las diferencias entre ambos ecosistemas, reconocieron que serían necesarios estudios específicos en Malvinas para determinar qué aspectos del caso canadiense podrían aplicarse al archipiélago. 

El antecedente de 2022 

El conflicto tiene un antecedente judicial. En 2022, el gobierno isleño había rechazado la salmonicultura, pero Unity Marine obtuvo una revisión judicial bajo el argumento de que antes de aquella decisión debía realizarse una consulta en todo el archipiélago. 

Posteriormente, ambas partes acordaron dejar sin efecto esa resolución y establecer el proceso de consulta que ahora está en marcha y que finalizará el 30 de octubre. Los opositores consideran que esa instancia no ofrece garantías suficientes y reclaman que la definición quede directamente en manos de los habitantes mediante un referéndum. 

La discusión en Malvinas tiene además un antecedente cercano en Tierra del Fuego. La provincia prohibió en 2021 el cultivo y la producción de salmónidos en sus aguas lacustres y marítimas, aunque modificó esa normativa en diciembre de 2025. 

La nueva ley mantuvo expresamente la prohibición de la salmonicultura en las aguas del Canal Beagle, pero abrió la posibilidad de desarrollar acuicultura sustentable en otras zonas de la provincia.

Esos proyectos deben someterse a estudios de impacto ambiental y el gobierno provincial debe determinar previamente qué áreas podrían resultar aptas para la actividad.

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