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El juicio por YPF suma un nuevo capítulo. El fondo inglés Burford Capital, financiador de los demandantes contra la Argentina por la expropiación K de la petrolera, va de nuevo contra el país, esta vez en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El proceso podría demorar entre cinco y 10 años. Perteneciente al Grupo Banco Mundial y con sede en Washington, el Ciadi es un tribunal dedicado al arbitraje y la conciliación de disputas entre inversores extranjeros y Estados.

Allí, la Argentina tiene antecedentes negativos, con 85% de las demandas con fallos en contra, como el de la expropiación de Aerolíneas Argentinas por violar un tratado comercial con España.

A partir de ahora se inicia un proceso de constitución del tribunal arbitral por 90 días. Una vez conformado, se establecerá, junto con las partes, el calendario procesal que regirá las distintas etapas del procedimiento. En este caso, la información suele ser más hermética por las reglas de confidencialidad del proceso.

La Procuración del Tesoro ya trabaja en la estrategia de defensa de la República, le anticipó a Clarín, y agregó que era una instancia contemplada, ya que los propios demandantes habían anticipado públicamente su intención de recurrir a esta vía, por lo que la Procuración se venía preparando.

“La República defenderá su posición con la misma firmeza con la que lo hizo en el frente judicial. Vamos a seguir defendiendo los intereses del país en cada una de las instancias que se planteen”, destacó la Procuración.

Este nuevo reclamo se da luego del fallo favorable que el Estado argentino logró en marzo y marcó un giro en la causa, cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló la condena de la jueza Loretta Preska, que obligaba a resarcir a Burford.

Teniendo en cuenta que ya le costó US$ 5.000 millones más intereses a la Argentina, cuando en 2014 aceptó pagarle a Repsol ese monto en bonos por el 51% expropiado, la decisión judicial significó un respiro para el país, ya que evitó el desembolso de US$ 16.100 millones más intereses, aunque no se trató de una victoria final.

Esta nueva demanda en el Ciadi es parte del abanico de opciones con las que Burford buscará revertir la decisión del tribunal de segunda instancia neoyorquino.

La otra alternativa que Burford analiza presentar próximamente es un pedido de revisión a la Corte Suprema estadounidense del fallo de la Corte de Apelaciones. No será fácil para el fondo: debería convencer a cuatro de nueve jueces de la Corte de que el caso afecta al sistema financiero estadounidense.

El máximo tribunal es sumamente selectivo: recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos de revisión al año, pero acepta tratar alrededor de 100, de temas específicos y de relevancia para los Estados Unidos, según sus propias estadísticas. Es decir, hay poco más de 1% de chance de que tome el caso.

La Corte suele intervenir cuando dos cámaras de apelaciones fallan de forma opuesta sobre un tema. En este caso, no hay fallos similares en disputa, lo que le restaría interés. También, prefiere resolver asuntos relacionados a la Constitución de los Estados Unidos o leyes federales más que de la soberanía de otros países. El juicio de YPF se centró, hasta ahora, en la interpretación del estatuto de la petrolera y las leyes argentinas, por lo que al tribunal le resultaría un tanto ajeno.

Si la Argentina tuviera la mala suerte de que la Corte acepta revisarlo, sería ese tribunal el que dicte la sentencia final e inapelable sobre la legalidad de la expropiación de 2012.

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Crédito de la fuente original: www.clarin.com