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La gestión de Gustavo Melella impulsa un paquete de reformas normativas que prohíbe el uso de la infraestructura provincial a buques vinculados a la explotación hidrocarburífera en las islas. La medida busca penalizar económicamente a las empresas que operan desde Chile para encarecer la logística de la ocupación británica en el archipiélago.

Buque petrolero británico VS Promise atracado en el Puerto de Ushuaia en agosto de 2026, un hecho que desató una fuerte protesta política.

El Gobierno de Tierra del Fuego trabaja en la modificación de su legislación provincial para abordar dos aspectos centrales de la logística que abastece a las Islas Malvinas.

Por un lado, busca prohibir el ingreso de buques petroleros de bandera británica en sus puertos tras el reciente amarre en Ushuaia de una embarcación vinculada al yacimiento Sea Lion. Por el otro, busca tipificar sanciones económicas para las operaciones comerciales del corredor marítimo que conecta Punta Arenas con el archipiélago, con el objetivo de encarecer la presencia colonial en la región.

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Buque inglés en el puerto de Ushuaia

El primer punto de la agenda legislativa responde a la presencia del petrolero VS Promise en la capital provincial. Esta embarcación de gran porte, con bandera británica y capacidad para transportar más de 500.000 barriles de petróleo, operó previamente en la zona de Río Cullen antes de atracar en el puerto de Ushuaia.

Su presencia generó un fuerte rechazo en la región debido a la vinculación directa de la operadora de este tipo de navíos con la logística de soporte al yacimiento hidrocarburífero Sea Lion, un proyecto de explotación petrolera en la cuenca norte de las Islas Malvinas que la Argentina considera ilegal por ejecutarse en aguas disputadas bajo ocupación colonial.

Sobre la necesidad de ajustar las normas locales para evitar que vuelva a repetirse un episodio similar, Andrés Dachary, secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, señaló en declaraciones a La Opinión Austral: “Estamos revisando las normas provinciales. Nunca en la historia de Tierra del Fuego a ninguna autoridad portuaria se le ocurrió dejar ingresar un buque petrolero británico; esta gente sí lo hizo. Necesitamos una ley específica que lo prohíba y estamos trabajando en eso”.

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Agregó además que se sigue la directiva del Ejecutivo provincial para revisar el marco legal completo: “El gobernador nos pidió revisar todo el marco normativo nacional y provincial para evitar un reingreso y prevenir situaciones similares. Antes primaba el sentido común de no actuar en contra de nuestros intereses nacionales ni de la causa Malvinas, pero hoy esas premisas se han alterado”.

Respecto del rol de las firmas involucradas en la operación, Dachary indicó a ese mismo medio que “las autoridades de Hidrocarburos están revisando todo el procedimiento. En caso de detectarse algún incumplimiento o irregularidad por parte de los actores intervinientes, se actuará en consecuencia, además de tomar los recaudos normativos necesarios para que no vuelva a repetirse”.

Corredor marítimo con Punta Arenas

El segundo eje del trabajo normativo apunta de manera directa al tráfico marítimo entre el sur de Chile y Malvinas. La controversia se profundizó tras revelarse un acuerdo comercial impulsado por sectores empresariales de Punta Arenas junto a la corporación de desarrollo de las islas y la naviera Eastern Island para operar un puente marítimo de abastecimiento continuo de víveres, insumos y materiales. Este corredor busca captar un mercado de unos 20 millones de dólares anuales que actualmente se canaliza en gran medida desde Montevideo.

Frente a esto, la iniciativa provincial busca penalizar el uso de la infraestructura vinculada al abastecimiento de las islas y contempla recurrir a las facultades sobre las aguas jurisdiccionales provinciales y al Decreto 256/2010, el cual exige autorización previa del Estado argentino para todo buque que pretenda navegar entre puertos del continente y las islas o atravesar sus aguas jurisdiccionales con ese destino.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary.

Al respecto, Dachary explicó en diálogo con Página/12: “Lo que estamos buscando es la manera de tipificar lo que sería la utilización de la infraestructura dentro de lo que es la propia Malvinas como infraestructura propia del gobierno fueguino para poder desalentar esto a partir de lo que serían sanciones económicas“.

Respecto del trazado marítimo que realizan las embarcaciones en la zona, el secretario precisó: “Desde la boca oriental del Estrecho de Magallanes primero tenés aguas jurisdiccionales de la provincia de Tierra del Fuego y después Mar Argentino. Siempre estás en Mar Argentino. Después cuando llegás a Malvinas, cuando ingresás dentro de las 12 millas, otra vez Mar Territorial de la provincia de Tierra del Fuego”.

Finalmente, sobre el impacto económico que busca generar esta ley en el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, Dachary advirtió que “esto que brinda un sostén logístico también es favorecer lo que es la explotación y achicar costos“.

“Tenemos que hacer cada vez más costosa la presencia británica en Malvinas para forzar lo que es esa reapertura de negociaciones“, concluyó el funcionario.

Con información de La Opinión Austral – Grupo Crónica.

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